La consultora PwC advirtió que el régimen fiscal para donatarias (personas morales que operan con fines no lucrativos; es decir, que no buscan generar una utilidad) lo que pretende es generar mayor transparencia, al informar a la autoridad sobre sus actividades, así como facilitar las deducciones para quienes donan a estas instituciones, pero advirtió que esto también tiene implicaciones negativas para las organizaciones.
El socio de la Práctica de Servicios Legales y Fiscales de PwC, Carlos Martínez, explicó que todas las sociedades, incluidas las donatarias, están obligadas a registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC); emitir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI); complementos del CFDI para ciertas transacciones, como donaciones; registro de su contabilidad; entre otras.
Limitación de deducciones a personas físicas
Durante el webinar “Nuevos retos fiscales de las ONG”, señaló que a partir del 1 de enero de 2022, se limita la deducción de donativos realizados por personas físicas. De acuerdo con el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), el monto total de las deducciones que podrán realizar los contribuyentes no podrá exceder de la cantidad que resulte menor al valor anual de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) o del 15 por ciento del total de los ingresos del contribuyente.
El monto deducible de donativos de la Ley del ISR será la cantidad que no exceda el 7 por ciento de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el ISR a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción.
Asimismo, la cantidad que no exceda el 4 por ciento de los ingresos acumulables, cuando se realicen donativos a favor de la federación, de las entidades federativas, de los municipios o de sus órganos descentralizados.
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Implicaciones
PwC señaló que si bien el marco legal aplicable a las donatarias tiene sustento fiscal, también tiene implicaciones para las organizaciones, tales como potencial disminución en los donativos realizados por personas físicas; menor capacidad para cumplir con el objeto por el cual se constituyó la donataria; y afectación a los sectores vulnerables que se benefician a través de las donatarias autorizadas.
IPM