En los últimos años, las sanciones laborales en México no sólo aumentaron, sino que en algunos casos se han multiplicado hasta cien veces, aseguró Julián Dolores Hernández, socio administrador y director general de Grupo Cicadeph durante una conferencia de prensa.
“No se fueron al doble ni al triple, se fueron tranquilamente 100 veces el monto de las sanciones por incumplimiento”, afirmó al referirse al endurecimiento en la aplicación de la normativa laboral por parte de la autoridad.
El directivo explicó que este incremento responde a una política de inspección más rigurosa, en la que ya no sólo se revisa el cumplimiento básico, sino la documentación detallada, evidencia firmada y actualización de normas específicas.
“La autoridad ha sido mucho más estricta en los últimos años. Ya no es una revisión superficial. Hoy llegan y revisan todo”, sostuvo.
El señalamiento ocurre en un contexto de reformas laborales recientes, actualización de normas oficiales mexicanas y mayores facultades de supervisión para la autoridad laboral.
De acuerdo con Hernández, entre los focos actuales de inspección se encuentran regulaciones como la Norma Oficial Mexicana 035, relacionada con riesgos psicosociales, así como disposiciones en materia de ergonomía, vacaciones, permisos por paternidad y reparto de utilidades.
“Saben que no todas las empresas tienen documentadas las normas nuevas. Entonces, por ahí encuentran incumplimientos”, explicó.
El especialista indicó que el impacto suele ser mayor en micro y pequeñas empresas, que enfrentan mayores dificultades para invertir en actualización normativa y control documental.
“La micro y pequeña empresa es donde a veces se les va el cumplimiento. No siempre es mala fe; muchas veces es falta de recursos. Pero cuando llega la inspección, la sanción es igual para todos”, dijo.
Añadió que actualmente las inspecciones no solo verifican que los derechos laborales se otorguen, sino que exigen evidencia documental que lo acredite.
“No basta con que el trabajador diga que sí le dieron sus días. La autoridad pide el documento, la firma, el respaldo. Si no está, el incumplimiento se presume”, explicó.
Según el especialista, la tendencia apunta a una mayor fiscalización en los próximos años, particularmente ante posibles reformas fiscales y laborales que impliquen nuevas obligaciones para los empleadores.
“El cumplimiento ya no es opcional ni flexible. Todo debe estar documentado”, advirtió.
MRA