Ante los cambios que se avecinan por la nueva reforma laboral de México, la iniciativa privada de Nuevo León busca prepararse para responder de la manera adecuada y revisar con los legisladores los cambios necesarios para poder realmente elevar la productividad laboral de país y las condiciones.
En rueda de prensa, posterior a su evento "Retos en el nuevo entorno laboral" al que acudieron empresarios y directivos de diferentes empresas locales, Óscar Martínez, presidente de la Coparmex Nuevo León, insistió en que la reforma recién aprobada tenga "efectos importantes" sobre el sector productivo y los trabajadores del país.
"Se avecina una transformación en el marco jurídico que rige las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, implicando cambios estructurales en la forma de llevar las relacionales laborales en las empresas", argumentó.
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Detalló que existen retos y riesgos que perciben para las empresas, no solo del estado, sino del país, como la necesidad de demostrar por parte de los patrones el despido de un trabajador, la falta de reconocimiento de la libertad del trabajador, las pequeñas y medianas empresas que podrán ser condenadas en sentencias laborales pues cuentan con menos estructura e información para resolver diferendos.
Y también, se prevé la revisión del 100 por ciento de unos 500 mil contratos de trabajos, miles de asambleas; la judicialización de procesos de los conflictos laborales sin llegar a juicio, y el no contar con un presupuesto para el inicio del funcionamiento del órgano estatal de conciliación, así como los juzgados laborales locales.
Por su parte, Guillermo Dillon, director general de la Caintra Nuevo León, destacó que entre las mayores preocupaciones que tienen es cómo esto afectará a las micro, y pequeñas empresas que no cuentan con infraestructura, recursos y personal suficiente para responder a estos nuevos cambios, lo que podría afectar a la productividad y permanencia de estas empresas, que representan el 80 por ciento de las afiliadas a las cámaras empresariales locales.
En concreto, el evento buscó preparar a los empresarios, directivos y especialistas en materia laboral tanto de recursos humanos como de materia de leyes, ante los cambios que se avecinan, y los organizadores adelantaron que seguirán con este tipo de acciones durante los próximos meses.
Sin embargo, Gabriel Chapa Muñoz, presidente de la Canaco regia, adelantó que estarán trabajando con los legisladores, particularmente el Senado, para demostrar los riesgos que tiene esta nueva ley y cómo pueden cambiarse para no afectar al sector productivo mexicano.
Cuestionan proyecto de movilidad estatal
La Canaco Monterrey, el Consejo Cívico y la Caintra NL, todos miembros del Consejo Estatal de Transporte de Nuevo León, cuestionaron y mostraron escepticismo sobre el proyecto del Gobierno Estatal de buscar endeudamiento para adquirir unidades de transporte y operarlas.
La Canaco y el Consejo Cívico aseguraron que considerar que pasar de un oligopolio privado a un monopolio público para tener el control administrativo de las rutas urbanas, no parece ser la mejor opción.
Por aparte, Guillermo Dillón director de la Caintra, coincidió en este sentir, en una entrevista con MILENIO Monterrey.
Los primeros dos enviaron un comunicado en donde explicaron que existe evidencia clara que los gobiernos no son los mejores administrando este tipo de empresas, y destacaron el caso de la desaparición de la Ruta-100 en la Ciudad de México.
Mientras en otras ciudades de Latinoamérica, en las que se ha buscado aplicar modelos similares, no se ha tenido efectividad y los procesos han sido largos y tortuosos.
Por lo que exigieron que se resuelvan dudas como quiénes son los que están trabajando en el desarrollo del proyecto, qué alcances tiene la propuesta, si se adquirirán patios, talleres e infraestructura, sí el monto del endeudamiento es el adecuado, y cuáles son los escenarios financieros que fundamentan este nuevo sistema.
Y en ese sentido, se cuestionó también cuál sería la fuente de ingresos para cubrir el financiamiento, si el estado adquirirá el pasivo laboral de las empresas requisadas, cuánto tiempo llevará tomar el control total de la operación del sistema del transporte, y quién auditará y sancionará irregularidades en la prestación del servicio.
Por otra parte, Guillermo Dillón, coincidió en la postura de estos dos organismos, al denunciar que existe mucha incertidumbre sobre estos planes, ya que en concreto, los miembros del Consejo de Transporte desconocen a fondo el plan que tiene el estado. Argumentó que solo se les mencionó pero no se explicó nada en concreto.