La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) informó que la iniciativa del senador Ricardo Monreal para extinguir el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), e integrar sus funciones a un nuevo regulador, atenta contra los derechos fundamentales de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y busca un control político sobre los consejeros y los sectores regulados.
“La fusión de reguladores pretende quitarle autonomía y capacidad de gestión al IFT, atenta contra derechos fundamentales y busca un control político sobre los consejeros y los sectores regulados”, señaló en un comunicado la Amedi, presidida por el doctor Jorge Bravo.
Sobre el fundamento de la iniciativa acerca de la carga presupuestal del regulador, el consejo directivo de la asociación dijo que la eficiencia y el ahorro regulatorios son “objetivos loables y necesarios”, pero en la propuesta del senador sirven de pretexto para “cometer el grave error de fusionar los reguladores de competencia y energía con el IFT”.
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“La tutela, protección, promoción, difusión y garantía de los derechos fundamentales no deben estar sometidos a criterios de austeridad, máxime cuando no existe un pleno cumplimiento y ejercicio de los mismos. En México existe una marcada brecha digital que impide a los habitantes desconectados y más desfavorecidos ejercer otros derechos humanos como salud, educación, trabajo o acceso a la información”, refirió la asociación.
Además, la asociación civil promotora de los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones apuntó que la iniciativa no garantiza la suficiencia presupuestal del llamado Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), el cual reemplazaría a los actuales órganos reguladores, “pues la propuesta señala que la Cámara de Diputados lo hará en la medida de lo posible”.
“La iniciativa degrada la autonomía del llamado Inmecob porque el nombramiento de sus futuros consejeros-reguladores no sería autónomo, sino político. En lugar de que sea un proceso de selección técnico e imparcial como establece actualmente el artículo 28° de la Constitución, se convierte en un procedimiento político-legislativo-partidista que le restaría autonomía a la nueva institución”, dijo el organismo civil.
Por último, la Amedi hizo un llamado a todos los partidos representados en el Congreso de la Unión a rechazar categóricamente la iniciativa, por ser contraria a los objetivos y aspiraciones consagrados en los artículos sexto, séptimo y vigésimo octavo constitucionales.
srgs