Liberar cuentas bancarias “no es difícil”, basta con demostrar ante un juez, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordena los congelamientos sin derecho de audiencia y violando garantías constitucionales como el debido proceso, por lo que la única forma de perder un amparo, es si interviene la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.
Salvador Mejía, experto en antilavado de dinero y quien ha llevado decenas de juicios para exigir que se liberen cuentas bancarias, explicó que el origen de que la UIF pierda ocho de cada 10 casos en tribunales, como MILENIO dio a conocer, es el inicio de esta dinámica cuando no tenía base legal en México.
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Recordó que fue Luis Videgaray, como secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien aceptó “la costumbre de bloquear cuentas bancarias, sometiéndose a la presión de Estados Unidos, aunque fuera totalmente en contra de nuestro marco legal”.
Ante un juez, es fácil probar que la UIF bloquea cuentas antes de dar una garantía de audiencia y sin más pruebas que “meras percepciones”, lo que los ha llevado incluso, a terminar denunciando por evasión de impuestos y no por lavado de dinero, que es su función.
"En todos los casos que perdieron, nunca fueron capaces de acreditar la presencia de lavado de dinero., nunca y lanzaban acusaciones 80 por ciento políticas o de percepción y 20 por ciento de discrepancias fiscal, a pesar de que eran facultades del SAT, entonces, nos encontramos con el porqué de la que la UIF pierda prácticamente todos los casos que intentó armar. Primero, porque no respeta garantía de audiencia y no puede fomentar acusaciones, entonces, no es nada difícil tumbar estos acuerdos y sacar a las empresas y a las personas de la Lista de Personas Bloqueadas.
"Dos, la UIF quiso hacerse pasar por Ministerio Público cuando en realidad es un proceso parecido a lo que hacen en el Cisen, funciones de inteligencia que generan información, lo procesan y se comparte con el gabinete de seguridad. Con estas cifras que nos estás dando, ojalá sea cierto lo que dice Pablo Gómez de que es diferente cómo están bloqueando, lo que tienen que hacer es generar inteligencia y diseminarla, estas cifras son un claro ejemplo", dijo.
Mejía explicó que debido a que las investigaciones están llenas de “lagunas jurídicas y errores”, “no es difícil obtener una suspensión provisional y después una suspensión definitiva”, pues sólo podría frenarse si la Fiscalía General de la República ordena el congelamiento de las cuentas, lo que pocas veces sucede por falta de coordinación, o si se involucra directamente el gobierno de Estados Unidos.
"Si la DEA está involucrada y ha solicitado o llega a solicitar que se bloquee una cuenta o información, entonces sí, lograr un juicio de amparo es casi imposible. Ignoramos completamente el contenido de lo que se ha logrado mantener bloqueado, eso puede ser porque hubo un acuerdo de la DEA que hace prácticamente imposible que gane, ni sabemos las actuaciones de las abogadas y abogados de esas defensas", mencionó.
Esta exigencia de apoyo internacional, surgió por la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto del exministro Eduardo Medina Mora, que MILENIO reveló en 2019 que dificultada las labores de la UIF, pero que de acuerdo con Salvador Mejía, en realidad, sólo se basa en las limitaciones constitucionales mexicanas.
Sin embargo, el experto alertó que las cifras publicadas por este medio, son prueba de que “las fortunas de los cárteles siguen ahí” y se requiere de una labor conjunta entre la Unidad Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para localizar a los operadores financieros, para lo que más que bloqueo de personas en el sistema financiero sin pruebas firmes, se requiere labor de inteligencia.
"Pablo Gómez declaró con ustedes que ahora se hacen las cosas diferentes, de ser así, celebro que hayan decidido hacer un alto a esta dinámica y mejor, generar inteligencia y compartirla para una verdadera procuración de justicia", afirmó.
FLC