La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso a debate la crisis de derechos humanos que se vive en el país y las más de 300 recomendaciones emitidas por países integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que forman parte de los resultados del Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU).
Al realizar una evaluación del EPU, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, académicos de esta universidad plantearon la necesidad de analizar a detalle las recomendaciones emitidas por 116 países miembros, reconocer las fallas y preocuparnos por hacer que se respeten los derechos humanos.
Cómo parte de esta cuarta revisión (2018-2023), las preocupaciones globales se concentraron en la exigencia de erradicar prácticas como tortura, el derechos de los pueblos y comunidades indígenas, derechos de la niñez, la crisis de desapariciones, la violencia contra las mujeres, el riesgo que enfrentan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como la situación de las personas en contextos de movilidad humana.
“Se trata -explicó Ximena Ramos Pedrueza Ceballos, de ONU Derechos Humanos- de una revisión ente pares, no es un órgano superior o diferente que esté supervisando, sino que entre los mismos estados están reconociendo cuáles son los retos a los que se enfrentan los estado en materia de derechos humanos”.
Y en lo que llega el siguiente ciclo, por allá de 2029, dijo ante alumnos y profesores, “tenemos a nuestra disposición todas estas recomendaciones para seguir viendo y exigiendo al estado que cumpla con estas recomendaciones en derechos humanos”.
En su oportunidad, en el auditorio, Alberto Del Castillo Del Valle de la FES Aragón, instó a los jóvenes a desmenuzar las recomendaciones emitidas.
“En lugar de ver el partido, vamos a leer las recomendaciones para sacar un tema para una tesis propositiva, tesis que trasciendan y que hagan ver que en la UNAM se piensa y se actúa”, refirió.
Y cuestionó: “¿De qué me sirve tener garantizados mis derechos humanos, si no se respetan las garantías?”.
Al respecto, Rosa Merlín Rodríguez de la FCPyS, consideró que el EPU es útil por su carácter universal.
“Permite que cada estado pueda informar de las acciones para mejorar los derechos humanos y cumplir sus obligaciones internacionales.
“Al ser una obligación, brinda una visión integral más amplia de los derechos humanos en comparación con otros sistemas de monitoreo y brinda la posibilidad para que estados creen nuevos compromisos y puedan mejorar la protección de las víctimas”, enfatizó.
Destacó también que durante la evaluación no se incluyó a representantes del Poder Judicial, ni entidades relevantes de la Fiscalía General de la República, y está presencia -subrayó- “resultaba fundamental para brindar una perspectiva del estado para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la crisis de derechos humanos del país”.
Si bien las recomendaciones deberán ser analizadas por las instancias correspondientes del Estado mexicano la CDH-ONU espera que México emita una respuesta y, en su caso, el seguimiento que darán para su cumplimiento antes de junio de 2024.