Por: Ana Lorena Delgadillo Pérez y Eduardo Rojas Valdez
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
La militarización de la migración no es exclusiva del actual gobierno federal. En el sexenio de Vicente Fox se ejecutó la Operación Centinela y el Plan-Sur, donde intervinieron elementos castrenses. Felipe Calderón abordó la migración desde el ámbito de la seguridad nacional, lo que implicó la criminalización de personas en contexto de movilidad y el uso de las fuerzas armadas para la contención, orillando a las personas migrantes a optar por rutas más inseguras, con el consecuente incremento de homicidios, secuestros y desapariciones. Enrique Peña Nieto ejecutó el Programa Frontera Sur, que incluyó una agresiva estrategia de detenciones migratorias. En todos los casos, estas políticas públicas han estado determinadas por intereses estadounidenses. Hay una fecha en el que esta militarización se vio recrudecida: 7 de junio de 2019, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores firmó la Declaración Conjunta México-EUA y el Acuerdo Complementario entre estos dos países. Este acuerdo implicó el despliegue de 6500 elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en la frontera sur y 15 000 en la frontera norte. El objetivo era conformar un muro militar para detener a las personas migrantes y solicitantes de asilo que ingresan al país.