La ideologización de izquierda o de derecha como instrumento de gobierno conduce al autoritarismo.
Bajo esta premisa, en la asumida tarea de transformar una nación no hay frenos constitucionales ni contrapesos institucionales válidos.
Así, la fuerza del pueblo, conducida por un carismático guía, arrolla leyes inconvenientes o anula instituciones estorbosas.
La radicalización ideológica pretende ocultar la verdad incómoda con propaganda seudodemocrática para justificar cualquier decisión autoritaria bajo el disfraz de hacer cumplir la voluntad popular, no sólo dentro sino fuera del país.
Por ello, ocurren contradicciones no solo internas sino también en política exterior en un afán de apoyar cambios sin cortapisas legales en regímenes extranjeros afines, como si las condiciones políticas en otros países fueran similares a las de México y no existiera la no intervención.
En el inicio del sexenio se atacó con cierta razón a los gobiernos neoliberales de derecha por ignorar los principios constitucionales de política exterior, sobre todo por no respetar el principio de no intervención en asuntos internos en otros países, lo que lamentablemente ahora ocurre también.
Por conveniencia ideológica, pero sin coherencia diplomática, se soslaya el principio de proteger los derechos humanos si son violados por regímenes de izquierda, como en Nicaragua, pero en cambio sí se defienden los derechos humanos del defenestrado presidente izquierdista peruano, cuando el asunto de fondo no son los derechos humanos, sino el frustrado autogolpe de Estado, violatorio de la Constitución de Perú, asunto que solo compete a los peruanos.
Sin ningún respeto a nuestra propia Constitución, nos entrometemos en los asuntos internos de Perú simplemente por simpatías políticas con un mandatario de izquierda caído en desgracia.
La Doctrina Estrada es otra de las víctimas de la política exterior. México, además de impugnar la vacancia (destitución) de Pedro Castillo, desconoció a la nueva presidenta Dina Boluarte, como si no hubiera sido democráticamente electa junto con Castillo como vicepresidenta, y nombrada legalmente sucesora, tal como lo marca la Constitución peruana.
La Doctrina Estrada establece que México se opone a la práctica del reconocimiento de gobiernos extranjeros al indicar que nuestro país no reconoce ni desconoce gobiernos, sino que se limita a mantener o retirar a sus agentes diplomáticos sin opinar, repito, sin opinar, sobre la legitimidad de un nuevo gobierno, como es el caso de Perú.
La actual política injerencista del gobierno mexicano, motivada por razones ideológicas, viola el derecho internacional y se vulnera a sí mismo, ante la posible injerencia de otros países en nuestros propios asuntos internos.
No debemos permitir que ninguna capital, ya sea Washington o Moscú, Pekín o Bruselas, nos dicten a los mexicanos cómo interpretar nuestra Constitución ni nuestra forma política de gobierno, pero sí aceptar opiniones sobre violaciones a los derechos humanos en México por ser valores universales.
La mejor defensa de la soberanía nacional es respetar invariablemente, de forma coherente, el derecho internacional y todos los principios constitucionales de política exterior sin ningún sesgo político.
Agustín Gutiérrez Canet
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