Un grupo plural de ciudadanos y académicos, del cual formo parte, coordinado por Porfirio Muñoz Ledo, solicitó a las autoridades electorales que pare las campañas negras y el financiamiento ilícito para asegurar que las elecciones del 1 de julio se realicen bajo los principios de libertad y autenticidad.
El grupo fue recibido ayer por Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quien se comprometió a actuar imparcialmente contra aquellos partidos políticos o candidatos que incumplan las disposiciones electorales.
Como miembro del grupo, asistí a la reunión en la que entregamos a Córdova los documentos respectivos que contienen propuestas concretas para impedir la manipulación y compra del voto. A continuación, un extracto de ambos documentos:
Campañas “negras”
El INE debe garantizar que las elecciones se rijan cabalmente bajo los principios de libertad y autenticidad. Es por ello que la reforma electoral del año 2007 incorporó en la Constitución la prohibición a persona física o moral de contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.
Sin embargo, el actual proceso electoral no ha sido la excepción en el uso de guerra sucia. El pasado 24 de abril en la cuenta oficial del PAN de YouTube fue publicado un video titulado “Estamos a Tiempo”, en el cual nuevamente se busca comparar al ex presidente de Venezuela Hugo Chávez con el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.
Asimismo, el PRI ha optado por promover la imagen de su candidato presidencial con frases como “Elige: miedo o Meade”.
Las instituciones electorales no deben permitir el uso de propaganda electoral simulada, mucho menos cuando ésta incluya incitaciones al odio y a la violencia política a través de hechos de sangre, disfrazando de libertad de expresión el fraude a la ley o la apología del delito.
Por ello, exhortamos al Consejo General del INE a que cumpla a cabalidad con las facultades que le han sido conferidas, velando por la autenticidad y libertad del sufragio.
Financiamiento ilícito
Existen algunas irregularidades con relación al uso de recursos destinados a gobiernos de los estados de la República.
Entre las diversas conductas que se encuentran tipificadas dentro de la Ley General en Materia de Delitos Electorales se pueden identificar particularmente tres a través de las cuales los gobiernos estatales pueden desviar recursos públicos con el propósito de financiar de manera ilícita campañas electorales.
1. Condicionar con fines electorales la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones o la realización de obras públicas.
2. Hacer uso ilegal de fondos, bienes o servicios públicos para apoyar a un partido político.
3. Solicitar a los subordinados aportaciones de dinero o retener sus salarios para los mismos fines.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) documentó que, durante las elecciones de Veracruz en 2017, se alteraron los padrones de beneficiarios de programas sociales para registrar a militantes del PRI. Asimismo, durante las elecciones locales de Chihuahua en 2016 fue retenido el salario de trabajadores de gobierno del estado (entre 5 y 10 por ciento) para ser utilizado en las campañas a favor del PRI.
Por otra parte, existen datos del Banco de México que indican que un mismo estado llega a tener hasta seis veces más flujo de efectivo durante el tiempo de campaña electoral, lo cual constituye una sospecha fundada de que el dinero circulante puede utilizarse para compra del voto.
También está el caso de la transferencia discrecional que la Secretaría de Hacienda hace del Fondo de Fortalecimiento Financiero, incluido dentro del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual es utilizado para premiar o castigar a las entidades federativas canalizando recursos presupuestales con fines electorales, ejemplo de ello fue el aumento que tuvo dicha partida durante el año pasado.
La entidad que se llevó la mayor cantidad de este monto fue el Estado de México, donde hubo elección de gobernador, con 8 mil 519 millones de pesos, equivalente a 15.4% del Fondo.
Propuestas de fiscalización
• Solicitar a las instancias financieras pertinentes informes sobre depósitos a tarjetas de débito y monederos electrónicos hechos por dependencias de gobierno, partidos políticos o empresas fantasma.
• Hacer una revisión con las instancias competentes de los movimientos recientes de beneficiarios de programas sociales locales y federales que impliquen la entrega de prestaciones económicas.
• Solicitar a Hacienda informes periódicos, y en plazos breves, sobre los montos totales que integran el Ramo 23.
La confianza en nuestras autoridades electorales dependerá en gran medida de que hagan respetar el estado de derecho durante todo el proceso electoral y no solo el primero de julio.
El INE y el Tribunal Electoral deben prevenir, no solo corregir, pues las irregularidades son más difíciles de resolver cuando se dejan crecer sin freno, a tal grado que, al convertirse en hechos impunes consumados, son prácticamente imposibles de revertir, causando daño a la confianza de los ciudadanos.
@AGutierrezCanet
gutierrez.canet@milenio.com