La política educativa se orienta bajo la premisa de contribuir al forjamiento de una sociedad más democrática, justa, equitativa, igualitaria e inclusiva. En esta intención, emerge la educación como un elemento insoslayable y relevante en la formación de las personas hacia una ciudadanía más responsable y congruente con las demandas de su entorno. La claridad comprensiva de esta intención debe ser apropiada por los tomadores de decisiones en el ámbito de la política educativa. Lo anterior, se enuncia a partir de la decisión “unánime” (poco creíble, más bien de acatamiento y obediencia a lo que diga el “jefe”) que tomó el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) con relación al actual calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Una medida que puso en evidencia la escasa sensibilidad, la ausencia de comunicación e información, la carencia de argumentos, la pobreza de análisis y valoración contextual en la toma de decisiones, además por supuesto de evidenciar un posicionamiento unilateral y autoritario.
La toma de decisiones en política educativa debe ser congruente con la situación que se analiza; distanciada de intereses particulares y/o partidistas; contextualizada, informada y argumentada. Distante también de la proyección mediática y el cuidado de la imagen política. Transitar hacia formas analíticas ajenas al mantenimiento del statu quo, es un imperativo. El derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes por sí solo se constituye en la justificación para que la toma de decisiones sea pensada y el derecho no sea violentado.
Las esferas de poder, ajenas a lo educativo, han determinado y configurado una cultura política que ha colocado a la educación como un campo dependiente de otros campos, aun cuando en los discursos se pondere como elemento de soporte para el desarrollo social y económico. La educación ha sido objeto de improvisaciones políticas en sus planes, programas y proyectos. Ha sido “objeto de uso político” para justificar presupuestos, estrategias y acciones. Ha sido “campo de acción” de diferentes programas de otros campos. La educación tiene su propia naturaleza y la política, y los políticos en turno, deben comprender eso, para dejar que fluya.
Las decisiones de política educativa desde las esferas de poder deben reconfigurarse y colocar al centro-eje el derecho a la educación y la formación de una nueva ciudadanía. El sentido de las decisiones no debe tener su origen en la consolidación del poder individual sino en el interés colectivo de transformar la situación. La acción gubernamental debe ser articulada y orientada por el interés superior de garantizar el derecho humano a la educación. Recuperar las demandas reales, diagnosticar y analizar la situación son precedentes en la toma de decisiones, esto es inevitable en la política y se constituye en un atributo de quien se precie de “ser político”.