Una de las muchas omisiones (intencionadas) que tuvo la Consulta Nacional para la Construcción del Nuevo Sistema de las Maestras y Maestros fue la referente al análisis y debate de la modificación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, es decir, no abordó el origen y sustento sino solamente la parte operativa (muy sesgada por cierto hacia la apreciación de conocimientos y aptitudes) a través de un organismo. O bien, hacer preguntas que una institución como la Secretaría de Educación Pública no debería estar haciendo y que tienen que ver con su función de combatir la corrupción, cuidar y promover la transparencia y el respeto irrestricto a los derechos laborales. O qué ¿era necesario hacer una consulta para ver si la SEP debería cumplir o no con sus funciones? Me parece una cuestión absurda. En este tenor, apunto que el análisis y debate debe colocarse en la reconfiguración de las políticas, mecanismos, dispositivos y momentos de la carrera docente: admisión, desarrollo profesional y jubilación.
Pensar en políticas para fortalecer la profesión docente implica pensar en los puntos de partida. Uno de ellos tiene que ver con la formación inicial. Es necesario hacer un replanteamiento sobre la preparación de maestras y maestros que se requieren hoy en día en relación con el desarrollo de la sociedad. Fortalecer la formación pedagógico-didáctica, disciplinar y profesional en todos sentidos. Replantear su currículum de manera permanente. También implica una mirada y acciones hacia la cultura de las instituciones formadoras de docentes. Las Escuelas Normales requieren de abandonar prácticas sedimentadas en la tradición escolar y mirarse como instituciones de educación superior; regular sus formas de reclutamiento de formadores y distanciarse de las determinantes sindicales que le agobian. Y finalmente, articular estos nuevos sentidos en la formación inicial con procesos de admisión a la docencia donde no exista la necesidad de concursar por una plaza.
El desarrollo profesional no puede pensarse ajeno a una política salarial sustantiva y una política de estímulos que acompañen la carrera docente. Se tiene que ser muy claro si el sentido de la política se articula al mejoramiento de la educación o a las condiciones laborales de los docentes. Los esquemas y mecanismos de evaluación para acceder a los estímulos deben ser transparentes y consensuados, distanciados también de la injerencia sindical. La promoción vertical debe pensarse para tener al frente de cargos directivos y de supervisión a los mejores docentes en puestos clave del sistema educativo. La promoción horizontal debe ser vista como un reconocimiento a la labor profesional cotidiana en el aula, escuela y zona.
El fin de la carrera docente (jubilación) no tiene que ser de agobio e incertidumbre para los docentes. El trabajo desarrollado por años deber ser plenamente recompensado y reconocido. Las políticas de pensiones tienen que modificarse en favor del trabajador, distanciadas de las lógicas racionales de mercado donde algunas instancias y financieras lucran con ello. Como podemos advertir, las políticas de la carrera docente no pueden resolverse con “una consulta”, requieren de mecanismos y estrategias mucho más amplias y en cuyo punto de partida esta en la modificación de la ley.
