Cuentan algunas leyendas del mundo de la inteligencia, cuyas tramas resultan cada vez más verosímiles que los relatos propios de las series policiacas, que las agencias estadunidenses no se complican tanto la vida y así evitan escándalos como el que se precipita justo ahora sobre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Leyendas como, por ejemplo, aquella que, siempre en plan hipotético, pone al general Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, en una conveniente visita al estado fronterizo de Arizona en momentos en que Estados Unidos demanda a México su detención provisional con fines de extradición por cargos de narcotráfico.
Esas leyendas dicen que la conveniente presencia del militar en aquellas áridas tierras, antes que ser por decisión personal para negociar un acuerdo de culpabilidad, evitar un juicio y convertirse en testigo protegido, es porque agentes de Estados Unidos lo capturaron de forma ilegal en territorio mexicano, lo trasladaron a la frontera y, oh, sorpresa, es retenido en el cruce por alguna falta equis.
Tienen sentido esos relatos cuando asistimos al enredo en que ha devenido la petición gringa de detención de una decena de personajes, todos ligados al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, a los que reclama achacándoles diversos delitos que tienen que ver con el narcotráfico. La respuesta a bote pronto oficial fue la exigencia de pruebas y la rasgadura de vestiduras con la perorata masiosare, por lo que Estados Unidos, con la trama trazada, ha tomado cartas en el asunto.
Hay que recordar que el propio director del FBI publicó en X que su equipo se hizo cargo de detener en México y llevarse a un capo canadiense estando de visita aquí, horas después de reunirse con Omar García Harfuch, episodio que el gobierno aquí salió a refutar en conjunto con una foto falsa en la que el individuo parecía estarse entregando en la antigua embajada de Washington.
Por cierto, ¿alguien sabe algo de Enrique Inzunza, a quien juran haber visto por última vez en Concordia?