En noviembre de 2024, una estudiante de la Universidad de Cornell, una de las más prestigiosas del mundo, denunció que fue violada por siete integrantes de una fraternidad mientras se encontraba gravemente intoxicada. Acudió a la policía universitaria y relató durante horas lo ocurrido. Su testimonio quedó recogido en unas 120 páginas. A la fiscalía llegó una declaración de seis cuartillas de la que desapareció una frase decisiva: “puedo decir con 100 por ciento de certeza que fui violada”. La fiscalía leyó aquel documento y desechó el caso. Ni la estudiante, ni sus presuntos agresores fueron entrevistados por las autoridades.
Casi dos años después, la sobreviviente demandó a los siete hombres por agresión sexual y a la universidad por negligencia. Lo que revela el expediente es atroz. Esa noche los jóvenes la ofrecieron en un chat de Snapchat como si fuera un objeto. Uno preguntó: “¿sigue abierta la tienda?”. Otro respondió que sí. No hay manera de nombrar eso sin estremecerse. Una joven inconsciente convertida en mercancía sexual.
Cornell le falló desde el primer momento. Cuando acudió al servicio médico del campus, le recomendaron terapia en lugar de un examen forense. La investigación interna de la universidad no estuvo a cargo de verdaderos especialistas en violencia sexual; una de las personas que la entrevistó lo hizo por Zoom mientras conducía. Cuando el caso estalló, la universidad aseguró en su página oficial que su policía había compartido “toda la información” con la fiscalía; días después, borró discretamente esa frase. Algunos de los acusados fueron expulsados o suspendidos; según la demanda, otros pudieron atenuar su sanción escribiendo ensayos de reflexión. Como si una violación en grupo fuera una falta académica.
En días recientes, el fiscal afirmó que la demanda le reveló “elementos nuevos” que no tuvo a la vista en 2024, y no faltan voces que descalifican a la sobreviviente por “cambiar su versión”. Ignoran que la violación es un trauma, y que el trauma no se procesa en un día ni de una sola manera. Las sobrevivientes pueden transitar de la confusión y la vergüenza a la negación, y de ahí al coraje y a la claridad. Pueden tardar meses en nombrar lo que les pasó; incluso mantener trato con quien las agredió. Nada de ello las vuelve menos creíbles. Exigirles un relato perfecto desde el primer día no es rigor, es revictimizarlas.
Afortunadamente, la gobernadora de Nueva York retiró el caso al fiscal local y designó a la procuradora general del estado como fiscal especial. Pero algunos afirman que el obstáculo mayor sigue en la ley. De acuerdo con diversos expertos, en Nueva York, como en otros 18 estados, la intoxicación voluntaria no basta para considerar a una persona mentalmente imposibilitada para consentir. Si bebió o consumió drogas por voluntad propia, el sistema le puede dar la espalda. Una ley así no protege a las víctimas; protege a quienes se aprovechan de ellas.
Miles de mujeres en el mundo se han indignado con este caso porque reconocen en él un patrón. La cultura de la violación no empieza ni termina en el acto de violencia. Está en el chat que trata a una compañera como botín, en la institución que cuida su prestigio antes que a sus estudiantes, en el fiscal que lee seis páginas y archiva el caso, y en las voces que todavía preguntan cuánto bebió, qué llevaba puesto o por qué tardó tanto en denunciar. Son eslabones de una misma cadena, que se nutre del patriarcado y de la desigualdad, y que obliga a la sobreviviente a elegir entre una batalla dolorosa contra viento y marea o el silencio.
Este caso, desgarrador e indignante, plantea también una pregunta que los hombres no podemos eludir. Una joven acusa a siete hombres de haberla violado; decenas recibieron un mensaje que la ofrecía sexualmente y no hicieron nada. El pacto patriarcal se sostiene en quienes no agreden pero callan. El amigo que ríe, el que mira hacia otro lado, el que encubre, el que descalifica a la víctima en una sobremesa. Romper ese pacto es tarea nuestra. Significa no reír, no encubrir, no justificar; creer a las mujeres y asumir que su seguridad vale más que la lealtad del grupo.
Las mujeres, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida libre de violencia y a instituciones que las protejan en lugar de encubrir. No es una causa ideológica, se trata de una exigencia elemental de la igual dignidad. Lo que ocurrió en Cornell no fue una fiesta que se salió de control. Se denuncia un crimen, y una cadena inadmisible de complicidades. Ni una más.