El 14 de agosto, Jason Arday fue encontrado muerto en su casa de Londres. Nueve días antes había renunciado a la Universidad de Cambridge, tras semanas de acusaciones y un escrutinio feroz. Tenía 41 años. La policía informó que su muerte era inesperada, pero no sospechosa.
Tres años antes, el mismo nombre ocupaba los titulares por una razón muy distinta. Hijo de padres ghaneses y autista, a los 37 años Arday se convirtió en el profesor negro más joven en la historia de Cambridge. Su trayectoria fue celebrada como un ejemplo de talento, perseverancia e inclusión.
Este verano todo cambió. Arday fue acusado de plagiar partes de su tesis doctoral y se cuestionaron episodios de su biografía. Él negó haber cometido plagio, aunque reconoció algunos errores. Cambridge abrió una investigación. El 5 de agosto renunció y afirmó que las acusaciones y el hostigamiento habían llegado a un punto que ninguna persona debía soportar.
Las preguntas sobre su trabajo eran legítimas; la integridad académica importa. Si hubo plagio, debía investigarse con rigor. Con todo, nada justifica lo que vino después.
En apenas 22 días, la prensa británica publicó casi 300 notas sobre Jason Arday. El hostigamiento no terminó en los periódicos. Se multiplicó en redes sociales y llegó directamente a su correo, al grado de que Cambridge instaló alarmas de pánico y filtró correos y correspondencia racistas.
Durante semanas, Arday sufrió insultos racistas y amenazas contra él y su familia. Describió la experiencia como traumatizante y reconoció el costo del asedio para él y sus seres queridos. Al renunciar pidió tiempo para sanar, recuperar paz y volver a tener una vida ordinaria. Dijo sentirse bajo un “foco constante”, con cada aspecto de su vida sometido al juicio público. Su familia denunció una campaña de hostigamiento y desinformación atroz. El canciller de Cambridge describió lo ocurrido como un “frenesí racista”.
Las acusaciones contra Arday fueron impulsadas por Nathan Cofnas, académico de la Universidad de Gante, suspendido recientemente por posibles actos de discriminación. Cofnas ha sostenido que, en una verdadera meritocracia, las personas negras desaparecerían casi por completo de los puestos de alto perfil fuera del deporte y el entretenimiento.
El trágico caso de Jason Arday nos muestra el castigo anticipado que impone el racismo. Antes de que concluyera una investigación o existiera una determinación sobre su responsabilidad, Arday ya pagaba un precio devastador: escrutinio desmedido, hostigamiento, humillación pública, odio y amenazas. Nada de eso forma parte de una legítima rendición de cuentas.
Arday sufrió una condena racista que nadie merece y ninguna sociedad debe tolerar. El costo extraordinario que pagó no se explica por una acusación aún no resuelta, sino por lo que representaba: un hombre negro exitoso que había llegado a uno de los espacios académicos más prestigiosos del mundo.
En su lucha por revertir los avances de la igualdad, la derecha convirtió su caso en un arma política. En la prensa y las redes utilizaron su historia para alimentar viejos prejuicios, desacreditar las políticas de inclusión y cuestionar la presencia de personas negras en espacios de poder.
El doble rasero lo confirma. En 2023, un profesor blanco de Cambridge fue declarado responsable de plagiar a un estudiante y permaneció en su puesto sin enfrentar una persecución semejante. A Jason Arday no se le juzgó por lo que pudo haber hecho, sino por lo que representaba.
Cambridge es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Quien ocupa una posición de influencia en una institución así debe tener los méritos que justifiquen esa posición y una trayectoria capaz de resistir el escrutinio público. Pero ese escrutinio tiene límites. Investigar, cuestionar y exigir responsabilidades no autoriza la humillación ni la persecución. Nadie debe ser convertido en objeto de odio.
No sabemos qué provocó la muerte de Jason Arday y sería irresponsable afirmarlo. Pero sí sabemos lo que tuvo que soportar. El racismo y el odio degradan el debate público, alimentan la discriminación y terminan por borrar a la persona detrás de una acusación. La defensa de la verdad y la integridad nunca puede convertirse en licencia para el desprecio. Ningún error, por grave que sea, cancela la dignidad humana.