La regulación de las redes sociales para niñas, niños y adolescentes ha comenzado a llegar a los tribunales. Francia decidió prohibir el acceso a estas plataformas a menores de 15 años a partir de septiembre y con ello se sumó a una tendencia que también avanza en Australia, España, Dinamarca y Reino Unido. Hace unos días, sin embargo, el Consejo Constitucional francés frenó la medida antes de que entrara en vigor.
La justicia empieza así a enfrentar una pregunta que marcará los próximos años. ¿Cómo conciliar la protección de la infancia en el entorno digital con el pleno ejercicio de sus derechos?
El Consejo Constitucional, encargado de velar por el respeto a la Constitución francesa, no negó los riesgos de las redes sociales ni cuestionó el deber del Estado de proteger a niñas, niños y adolescentes. Al contrario, reconoció la legitimidad de ese objetivo. Lo que rechazó fue una prohibición general que trataba igual a servicios muy distintos y a todos los menores de 15 años, sin atender a su edad, madurez o situación particular.
La decisión pone de relieve algo fundamental. Niñas, niños y adolescentes no son un mero objeto de protección. Son titulares de derechos que conservan plena vigencia en el entorno digital. El interés superior de la niñez debe guiar cualquier regulación, sin perder de vista sus derechos a informarse, expresarse, participar y ser escuchados, de acuerdo con el desarrollo de sus capacidades.
La experiencia estadunidense muestra otra dimensión del mismo debate. El año pasado, la Suprema Corte de Estados Unidos validó restricciones de edad para impedir que menores accedieran a determinados contenidos sexuales considerados dañinos para su desarrollo. Distintos tribunales han revisado además leyes estatales sobre acceso a redes sociales, verificación de edad y consentimiento parental.
No existe, por tanto, una respuesta judicial única, pero de esas decisiones sí se desprende una exigencia común. Cualquier medida debe perseguir una finalidad legítima y ser necesaria y proporcional al riesgo que busca atender. La edad, el grado de desarrollo, el tipo de servicio y las garantías de privacidad forman parte de esa evaluación.
Nada de esto reduce la obligación de proteger a la infancia. Hoy sabemos que las plataformas no son espacios neutrales. Deciden qué contenido mostrar, qué emociones estimular y qué comportamientos premiar. Diseñan notificaciones, recomendaciones, métricas de popularidad y mecanismos de desplazamiento infinito que pueden afectar la salud mental y el desarrollo.
Por ello, el debate no debe limitarse a la edad de acceso. Los precedentes judiciales y los estándares de derechos humanos también subrayan el papel de las plataformas y la responsabilidad que les corresponde. Ese mismo interés superior debe orientar el diseño y el funcionamiento de sus servicios, con medidas que protejan la privacidad y la seguridad, prevengan daños y garanticen el respeto a sus derechos.
En este contexto, la justicia tiene una función decisiva. No le corresponde definir la política pública, sino verificar si las medidas adoptadas protegen eficazmente a la infancia y respetan sus derechos humanos. Esa tarea exige reconocer su especial vulnerabilidad, su autonomía progresiva y su derecho a participar en las decisiones que les afectan.
En México este debate ya está en marcha y, como país, tendremos que definir cómo responder. No hay una fórmula única, pero los tribunales y los estándares internacionales ofrecen elementos que cualquier regulación deberá considerar. Tendrá que partir de la mejor evidencia disponible, identificar los riesgos que se pretenden evitar, incorporar garantías de privacidad, evitar nuevas formas de exclusión, distribuir responsabilidades entre las empresas, el Estado y las familias, y escuchar a niñas, niños y adolescentes.
La discusión no es libertad frente a protección. Ese es un falso dilema. Debemos cuidar la salud y el desarrollo de la infancia y, al mismo tiempo, fortalecer su libertad para desenvolverse en el mundo que les tocará construir. Ese es el desafío de la regulación digital. También debe ser el compromiso de la justicia con las nuevas generaciones.