La reciente elección del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, no es un relevo más. Es una oportunidad –y una urgencia– para repensar el sentido mismo de la administración pública en México. Lo que se juega no es solo cómo formar a los servidores públicos, sino qué tipo de Estado queremos construir.
Por décadas, en nombre de la eficiencia, disminuimos capacidades y desmantelamos bienes públicos. Glorificamos al mercado y externalizamos funciones clave. Convertimos al Estado en un gestor; mero intermediario entre poderes fácticos. La lógica del *outsourcing* a empresas consultoras, vendida como modernización, debilitó lo esencial: la inteligencia institucional para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas.
Mariana Mazzucato lo dice en su libro “El Gran Engaño”: un Estado que subcontrata su pensamiento pierde su capacidad de imaginar. Y un Estado que no imagina, no transforma, administra inercias. La consecuencia es clara: burocracias desprestigiadas porque no se orientan a resolver los problemas de la gente, con sentido ético y humanista, sino que se híper-especializan en procedimientos poco entendibles y explicables.
Revertir esta tendencia no implica regresar a un Estado pesado o ineficiente; al “ogro filantrópico” de Octavio Paz. Implica reconstruir capacidades: formar cuadros técnicos sólidos, con vocación por lo público y habilidades complejas (como el pensamiento crítico). Profesionalizar en serio. Evaluar con rigor. Sobre todo, recuperar la idea de que gobernar no es gestionar, es liderar.
En ese contexto, el relanzamiento del INAP es impostergable. A 70 años de su creación, la institución no sólo debe ser referente simbólico, debe convertirse en motor estratégico. Formar una nueva generación de servidores públicos para un entorno atravesado por la IA, la complejidad y la presión social por resultados. Pero no solo ser escuela de formación, sino hacer escuela de pensamiento.
Necesitamos una administración pública más ágil, sí, pero también más profunda, comprometida y humanista. Con capacidades analíticas, tecnológicas y éticas. Con visión de futuro. Y, sobre todo, con una convicción renovada: que el Estado no es un intermediario, es un protagonista del desarrollo y del bienestar.