Indigna que el repulsivo respaldo corriera a cargo de Alejandro Encinas, inexplicable subsecretario federal de Derechos Humanos de López Obrador que presidió la falsaria Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
A sabiendas de que la tiranía prohibió las elecciones libres, dijo que condenar a la pareja Ortega-Murillo “podría abrir espacios para plantear acciones que excedan las facultades de esta organización (...), que podrían resultar incompatibles con los principios de respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de las controversias (...)”.
Su falaz coartada: “México rechaza categóricamente cualquier intento de injerencia (...). Las soluciones impuestas desde el exterior rara vez construyen una paz duradera, suelen fracturar el tejido social de las naciones, generar dinámicas de confrontación, profundizar el aislamiento y abrir la puerta a medidas que (...) terminan produciendo una mayor desestabilización”.
¡Quiere más!
Para tener idea del execrable alcahueteo de la 4t con los “copresidentes” Ortega-Murillo, tómense en cuenta su concentración absoluta del poder, los encarcelamientos arbitrarios, los homicidios, la clausura de organizaciones civiles, el despojo de la nacionalidad y el destierro de opositores.
Las instituciones de Estado son utilizadas para impedir la participación política ciudadana y acallar las críticas mediante reformas legales que han sometido a la asamblea nacional y al Poder Judicial al matrimonio diabólico.
El código penal faculta juzgar en ausencia a los “traidores a la patria”, confiscar sus bienes y someterlos al destierro. Activistas, opositores y sacerdotes son detenidos sin orden judicial y es imposible que se les instruya el “debido proceso”.
Más de 5 mil 500 organizaciones defensoras de derechos humanos han sido proscritas en los ocho años recientes; clausurados los medios independientes y forzadas al exilio docenas de periodistas.
Según el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, el hostigamiento y la persecución se extiende a los países vecinos, en especial Costa Rica, donde el opositor Roberto Samcam fue asesinado a tiros en su casa de San José en junio del año pasado.
El Grupo de Expertos de la ONU sostiene que Ortega y Murillo cometen crímenes de lesa humanidad y que la violencia letal se manifiesta en al menos 300 asesinatos a manos de policías y paramilitares.
Cuando se vence el miedo y asoma una protesta, los testaferros tienen órdenes de disparar a matar contra los manifestantes.
Son comunes los asesinatos bajo custodia oficial. La ONU confirmó ocho casos de tortura y homicidio, como el de Brooklin Rivera en mayo pasado tras años de prisión clandestina, y del general en retiro Humberto Ortega, hermano del tirano, a quien se le mantenía en reclusión domiciliaria.
A todo eso tributa el obradorato su ominoso y estruendoso aplauso...