El bochornoso recurso de las chicanas, con las improvisaciones en materia de combustibles fósiles y sin contar aún lo que vendrá con el cambio de reglas para la generación de energías limpias, complica más la proyectada visita del presidente López Obrador a Washington y peor: posterga y añade complejidades a la resurrección de la economía con la entrada en vigor, dentro de dos semanas, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá.
Y es que la casi totalidad de empresas petroleras y gaseras estadunidenses que agrupa el American Petroleum Institute suscribió un llamado urgente al gobierno trumpista para que exija al mexicano respetar y cumplir con los compromisos del moribundo Tratado de Libre Comercio y el nuevo del T-MEC.
Fechada el 11 de junio, la carta del presidente y director ejecutivo de la API, Michael Sommers, tiene como destinatarios directos al secretario del Departamento de Estado, Michael R. Pompeo; a los titulares de las secretarías de Energía y Comercio, Dan Brouillet y Wilbur L. Ross, así como al representante comercial de la Oficina de los Estados Unidos, Robert E. Lighthizer.
La misiva incluye un detallado apéndice de casos en los que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía obstaculizan inversiones y permisos para importar gasolinas y diésel, la construcción de terminales de almacenamiento de combustibles, y frenan las autorizaciones para nuevas estaciones de servicio y para renovar los permisos existentes.
Estas acciones, afirma, “son contrarias a los compromisos de trato que debe darse a las inversiones en los capítulos correspondientes del TLCAN y el T-MEC”. Y denuncia retrasos administrativos de la CRE en trámites ya iniciados (que debieron resolverse en 90 días), además de que las empresas estadunidenses enfrentan inspecciones y clausuras de la Procuraduría Federal del Consumidor (apoyada por la Guardia Nacional), pretextando infracciones menores o inexistentes. La Profeco, se queja, aplica las normas de calidad a gasolinas y diésel que comercializan las firmas privadas, pero permite a Pemex incumplir con las especificaciones de la norma 016-CRE-2016 sobre contenido de azufre y presión de vapor en las importaciones que realiza de gasolina y diésel.
Poderosa organización, el API apoyó la suscripción del T-MEC para buscar beneficios tripartitas a partir de la entrada en vigor del acuerdo el próximo 1 de julio.
Ante este problema, les dice a Pompeo y a los otros funcionarios que espera reunirse con ellos “para discutir las preocupaciones de las empresas afectadas”.
Lo que preocupa a los inversionistas es que se les permite formular solicitudes conforme a las leyes mexicanas, pero les van poniendo trabas administrativas que constituyen en los hechos (sin emitirse resolución formal alguna) una prolongada negativa que se vuelve insuperable.
A la inconformidad de las petroleras y gaseras le seguirán los litigios de inversionistas en energía eléctrica eólica y solar…
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