Es ilimitada la desvergüenza con que Rosario Piedra Ibarra, la inexplicable titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ha pervertido las funciones de la institución utilizándola como garrote contra imaginarios “adversarios” de la cuarta transformación, aunque la Constitución mandata (artículo 102) que los organismos de protección de los derechos humanos “no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”, comete la indecencia de demandar al INE ante la Suprema Corte de Justicia.
Lo culpa de lo que había ya señalado en su imprudente recomendación del 3 de noviembre al Congreso de la Unión para adecuarlo al capricho del gobierno federal, achacándole al Instituto el problema que la propia CNDH padece: ser un órgano autónomo “únicamente de nombre” con “instrumentos parciales y de sabotaje de la voluntad del pueblo…”.
Tramposa en su intrusión, asegura que no alude a procesos electorales específicos, sino a temas “de administración y política pública”.
La señora supone por lo visto que trata con idiotas, porque lo que alega es materia electoral.
Estulta, se ufana: “Esta Comisión Nacional recuerda que, si emitió un pronunciamiento público el pasado mes de agosto dirigido al Instituto Nacional Electoral, fue a solicitud expresa de usuarios de las redes sociales, (sic) quienes consideraron (sic) que se ponía en peligro su derecho (sic) y el derecho de terceros a la libertad de expresión por toma de decisiones del INE que derivaban (sic, sic, sic)”.
O sea que abreva en los muladares del vecindario cibernético para normar su irresponsable criterio.
El grado de ignorancia de la señora Piedra es tan elevado que pretende cobrarle al INE sucesos ocurridos entre 1951 y 1965, cuando el Instituto ni siquiera existía.
Inspirada en lugares comunes de los libros de texto gratuitos y estampitas escolares, incluyó en aquella impertinente recomendación:
“No es ocioso recordar que en esta misma fecha, hace 149 años, nació don Francisco I. Madero, caudillo que inició la última revolución armada del país, justamente para reivindicar el derecho del pueblo a la democracia”. Y remató, demagoga como es, con la proclama que nada tiene que ver con su única responsabilidad (la protección de la dignidad de las personas frente a cualquier abuso de las autoridades): “¡Defendemos al pueblo!”.
La pendejada de recurrir a la Corte provocó que el INE promoviera una controversia constitucional contra la CNDH por evidente “invasión de competencias”.
La recurrencia del Instituto al tribunal que hace valer la Constitución se suma a la queja contra la Cámara de Diputados por incumplimiento de sentencia de la propia Suprema Corte, promovida el 10 de noviembre porque los legisladores ignoraron la resolución que determinó como un acto inconstitucional el recorte de casi cinco mil millones de pesos que aplicó al presupuesto del Instituto para el ejercicio del año pasado.
Por fortuna para México, el domingo sonó fuerte que el INE no se toca…
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