De realizarse la consulta de revocación de mandato en los términos anunciados por el consejero presidente del INE, el ejercicio tendrá solo un tercio de controvertible “legitimidad”.
Entrevistado el lunes por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Lorenzo Córdova sostuvo que con los mil 503 millones con que cuenta se pueden instalar “50 o 60 mil casillas”.
¿No que se trata de algo tan delicado que equivale a organizar una elección presidencial para que la ciudadanía decida si el Presidente debe o no abandonar su cargo por una supuesta “pérdida de confianza”, según reza la Constitución?
La jornada tiene dimensión federal en su más alta expresión (la primera magistratura de la República), para lo cual se prevé la instalación de 161 mil 490 mesas receptoras.
Un par de semanas antes otro consejero del INE, Uuc-kib Espadas, entrevistado por mis compañeros Roberto López y Héctor Zamarrón (MILENIO del 20 de diciembre) dijo que la institución, por ley, no puede montar menos casillas de las que operaron en los comicios federales más recientes: “El problema es que la ley nos impide hacerlo. La ley es expresa cuando ordena que el número de casillas sea el mismo que el de la elección federal anterior. Si el INE decidiera mañana bueno, vamos a instalar 50 mil casillas, estaríamos violando flagrantemente la ley”, a menos que se apruebe una reforma. “Si un tribunal lo ordena es otra cosa. Si el Presidente propone una reforma para que se pueda reducir hasta la tercera parte el número de casillas, el INE podría hacerlo”, explicó.
Al parecer se ha dado el primer pero debatible supuesto: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el INE debe seguir trabajando para que la consulta se realice, pero no se hizo guaje (como la Suprema Corte al entrometerse en lo que no le incumbe para complacer a la mayoría diputadil morenista) con la insuficiencia de recursos y ordenó a la Secretaría de Hacienda responder a la brevedad al INE sobre el presupuesto que solicitó para llevar a cabo la consulta.
Esa decisión fue celebrada por el consejero Ciro Murayama, argumentando que si el INE “no hubiera acordado posponer la revocación por insuficiencia presupuestal, no existiría la sentencia del Tribunal que perfila la solución al vincular a la Secretaría de Hacienda…”.
De otra manera: mientras Hacienda no determine si aportará o no el dinero solicitado por el Instituto, por una parte, y en tanto la Suprema Corte, por la otra, no resuelva el fondo de la controversia constitucional que presentó el INE por el recorte presupuestal que le aplicó la Cámara de Diputados, todo indica que Lorenzo Córdova se precipitó al dar por segura la revocación con un tercio de las casillas contempladas inicialmente.
Y también de otra manera: si la legitimidad se avala con la tercera parte de lo que mandata la Constitución, que se decida a mano alzada en cualquier plaza pública si la Carta Magna sigue vigente o no…
Carlos Marín
cmarin@milenio.com