El subsecretario de Derechos Humanos (que preside la falsaria Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia), Félix Arturo Medina Padilla, y el fiscal especial, Mauricio Pazarán, respondían la última pregunta de alguien sin micrófono de la que sólo se escuchó “Comisión Nacional de los Derechos Humanos” y “restos”. Pazarán comenzaba a responder, pero Medina lo interrumpió y confesó la ilegal razón de que durante ocho años no hayan sido enviados a la Universidad de Innsbruck los 114 restos óseos y petrosas como la CNDH anterior al obradorato recomendó para su análisis genético:
Lo de las petrosas, “ya lo hemos platicado varias veces con las mamás y los papás de los jóvenes desaparecidos, y no todos o algunos comparten la idea de que estos restos aporten alguna información, porque los vinculan a la ‘verdad histórica’ y ellos —nos lo han dicho en las reuniones— no saben de dónde, cuál fue el origen de esos fragmentos óseos, y que al no saber su origen tampoco tienen certeza de la información que puedan aportar. Algunos de los padres —y son integrantes de la Comisión— han dicho que no tienen certeza de su origen y por tanto tampoco comparten la idea de que estos sean revisados de nueva cuenta”.
¿Nuevamente? Sólo aquella CNDH los ha “revisado”.
Segob y FGR delinquen contra la procuración de justicia, encubren y cometen ejercicio indebido del servicio público, pese a que el propio subsecretario reconoció:
“El fiscal no puede descartar un elemento de prueba (...). Así como ninguna persona está por encima de la ley, ninguna prueba tiene que ser excluida…”.
Los 114 restos forman parte de más de 63 mil que fueron recuperados por los especialistas del Grupo Argentino de Antropología Forense y la extinta Procuraduría General de la República en el basurero de Cocula y en la bolsa del río San Juan.
Se evidencia, pues, que la autoridad se somete a la voluntad de los familiares que no están de acuerdo.
Por similar insensatez, la Suprema Corte no debe avalar la creación de otra inútil “Comisión de la Verdad” como demandan los deudos y sus representantes, para que sean éstos —no el Ministerio Público Federal— quienes dirijan las investigaciones (como ordenó un irresponsable tribunal colegiado en un mamotreto de sentencia que originó la liberación de más de 70 inculpados como autores de la desaparición y asesinato de los normalistas.
Evidencia de la cerrazón del obradorato para admitir cualquier prueba de que el basurero y el río fueron el destino final de los jóvenes, es la plena identificación de Jhosivani Guerrero de la Cruz en Innsbruck con tres restos recuperados: dos por los argentinos y la PGR en el muladar y el río, y el sembrado por Encinas y Gómez Trejo en la barranca de La Carnicería...