M+.- Publiqué ayer aquí que, al igual que el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina con Andrés Manuel López Obrador, el actual titular de la dependencia, Raymundo Pedro Morales Ángeles, tiene la obligación de declarar ante el Ministerio Público Federal sobre lo que sabe del mayor contrabando de combustible de la historia.
Así como su predecesor fue informado, en junio de 2024, de las operaciones criminales y el involucramiento de altos mandos navales en lo que se conoce como huachicol fiscal por el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, el almirante Morales Ángeles fue enterado de la trama por el mismo Guerrero en octubre de aquel año (un mes antes de ser asesinado), cuando acababa de ser integrado al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin el testimonio de ambos almirantes secretarios no pueden ser investigados los patrones de movimientos portuarios para la introducción ilegal de hidrocarburos y saber si existen coincidencias en rutas, escalas, destinos y características operativas durante los gobiernos de AMLO y de Sheinbaum.
De acuerdo con los registros de MarineTraffic, VesselFinder y MyShipTracking, entre marzo de 2025 y agosto de 2026 se identificaron 37 operaciones indebidas (13 de ellas en los puertos de Altamira y Coatzacoalcos), o sea, más en el segundo que en el primer piso de la 4T.
La Fiscalía General de la República debe averiguar lo que ha estado sucediendo a partir de los aseguramientos de los buques Torm Agnes (IMO 9465992) en Ensenada y Challenge Procyon (IMO 9527403) en Altamira, los dos en marzo de 2025, para determinar la posible existencia de un modus operandi similar mediante el cruce de reportes marítimos con manifiestos de carga, documentación aduanera y expedientes oficiales.
Por sí sola, la coincidencia de trayectorias no prueba que los barcos mencionados participaran en las mismas operaciones ilícitas, pero se trazarían firmes líneas de investigación.
Saber qué información recibió la Secretaría de Marina de junio de 2024 a la fecha y qué acciones emprendió de cara a las alertas, para poner fin al trasiego, es determinante.
El misterio a despejar no es por qué un buque comercial entró varias veces a un mismo puerto, sino saber si la mercancía declarada corresponde con la transportada y descargada; si se cumplieron las obligaciones fiscales y aduaneras, y si las autoridades detectaron inconsistencias.
Según el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 222) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (artículo 49), ni Ojeda ni Morales requieren citatorio judicial o alguna petición de la FGR para declarar como testigos acerca de cualquier delito y faltas administrativas de que estén enterados.
El secretario de Marina en funciones, pues, debe además explicar qué mecanismos de coordinación y vigilancia se han aplicado en sus dos primeros años de ejercicio y cómo se atendieron los riesgos asociados con las operaciones portuarias...