M+.- El aseguramiento, en abril pasado, del mayor conjunto de narcolaboratorios que se ha descubierto en México, localizado en la sierra de Chihuahua, fue hallazgo de la CIA y mérito del entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, quien murió dos días después al desbarrancarse el vehículo en que viajaba con otras tres personas que fallecieron igualmente en el percance: su colaborador Manuel Genaro Méndez Montes y los oficiales de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense John Dudley Black (excapitán en el Cuerpo de Marines) y Richard Leiter Johnston III (excapitán del ejército de su país y de las fuerzas especiales conocidas como Boinas Verdes).
La identidad de otros dos agentes de la CIA que sobrevivieron se mantiene en secreto y el gobierno mexicano sigue sin explicar por qué autorizó sin chistar su retorno a Estados Unidos a pesar de que habían formado parte ––según la presidenta Claudia Sheinbaum y la Fiscalía General de la República–– de un hecho tan grave que desde un principio lo definieron como “injerencia extranjera” y al entonces fiscal de la entidad, César Gustavo Jáuregui Moreno, se le acusa hoy de “traición a la patria”.
Pero sucede que Jáuregui no estuvo, no participó en el exitoso operativo de El Pinal —en el serrano municipio de Morelos que gobierna Morena—, de modo que su infortunado subalterno Pedro Román se llevó a la tumba los motivos de la presencia de los cuatro agentes de la CIA en la irrupción a las “cocinas” clandestinas de drogas sintéticas (en especial metanfetamina y fentanilo).
En la maniobra intervinieron medio centenar de oficiales y tropa de la Secretaría de la Defensa Nacional (que tendió un “escudo perimetral”) y alrededor de 40 ministeriales de Chihuahua.
De la información disponible se desprende que los agentes de la CIA, que de manera oficial estaban en Chihuahua para capacitar a policías estatales en manejo de drones, fueron quienes descubrieron los narcolaboratorios y se les consintió presenciar, pero no participar, en el operativo.
Tampoco hay evidencia de que Jáuregui supiera o hubiese sido informado por Oseguera Cervantes de la asistencia de los cuatro agentes, de modo que podría ser acusado de ejercicio indebido de funciones, de ignorar la planeación y ejecución de la AEI del operativo de marras, pero no de “traición a la patria”, ya que el resultado––como todos los exitosos de las corporaciones federales contra la delincuencia organizada–– fue implícitamente “patriótico”.
Al finado Oseguera Cervantes debiera reconocérsele un admirable grado de heroicidad en su actuación a cargo del aseguramiento, porque murió después de haber cumplido con su deber de combatir a la delincuencia organizada.
De lo contrario, ¿por qué no encarcelar (también en Almoloya) a los otros falsos “traidores a la patria” de las secretarías de Seguridad, Gobernación y Relaciones Exteriores que dejaron ir “impunes” a los dos agentes “injerencistas” que sobrevivieron…?