Durante el gobierno de Felipe Calderón, la cifra de homicidios en el país se dividió hasta enero de 2011 en dos diferentes, una que contaba los homicidios dolosos y otra de “homicidios dolosos presuntamente vinculados a delitos federales”.
Según esos reportes, en el periodo entre diciembre de 2006 a diciembre de 2010 se sumaban 34 mil 612 de esos homicidios. Esa información la concentraba el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), dependiente de la PGR, hoy de la FGR; con base en reuniones con las fuerzas armadas, el Cisen (hoy CNI) y la Secretaría de Seguridad Pública, hoy SSC.
Primero Calderón en sus últimos meses y después el gobierno de Peña decidieron no publicar más esa información. Una petición con todo y recurso al IFAI (hoy INAI) —sí, el INAI sirve— logró hacer públicos los datos de los primeros seis meses de Peña. Una filtración posterior al programa de estudios de política de drogas del CIDE —sí, el CIDE servía— nos dio datos de otros años del sexenio.
Ahora, en la base de datos de la Sedena conocida por la filtración de Guacamaya, y el trabajo meticuloso de investigación y ordenamiento de las organizaciones Data Cívica e Intersecta —sí, las ONG sí sirven—, tenemos los datos, con mucho más detalle, de 2017 a 2020.
Los resultados de ese análisis se empezaron a publicar ayer en Con Copia Oculta. La guerra que cuenta la Sedena. Vale la pena visitarlo.
Por falta de espacio va un pequeño resumen: “En esos casi cuatro años, las autoridades registraron 58 mil 183 hechos violentos en todo el país, que causaron 70 mil 898 personas fallecidas. En 98.9% de los casos reportaron que al menos uno de los muertos era un ‘presunto delincuente’, a pesar de no tener más información para clasificarlos así, ya que apenas en 5.4% de los casos se registró a qué grupo delincuencial supuestamente pertenecía y solo en 52.6% de las ocasiones se anotó el nombre de la víctima, cifra que baja hasta 36% cuando fue resultado de un enfrentamiento en el que las autoridades dispararon. Además, únicamente en 22.3% de eventos se reportó alguna acción de seguimiento legal”.
En los próximos días las organizaciones seguirán haciendo públicos análisis de los datos obtenidos.
Por lo pronto, parece claro que la guerra sigue como hace quince años. Que el “se matan entre ellos” sigue más vivo que nunca. Y que acumular tanto dato no le ha servido a las fuerzas del orden de mucho para resolver el problema.