A estas alturas nadie duda de la fuerza y presencia territorial, en buena parte del territorio nacional, de las organizaciones criminales dedicadas a todo tipo de delitos.
Los números de homicidios, desapariciones, extorsión, robos… son suficientes para saberlo. Lo sabe la Presidenta y el gobierno, que en cada encuesta donde su popularidad aumenta si uno lee los detalles, los encuestados siguen señalando a la seguridad como su mayor preocupación.
Hay otro número que va apareciendo de repente y que, creo, señala el tamaño y sofisticación de los grupos criminales y también la complicidad con autoridades locales de todo tipo.
De agosto de 2024 a la fecha (19 de enero), personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) ha detectado y retirado casi 500 cámaras de vigilancia colocadas en infraestructura pública presuntamente utilizadas por grupos delictivos para observar movimientos de instancias de seguridad y otras movilizaciones de instituciones gubernamentales. Estos aparatos han sido retirados en los estados de Baja California Sur, Sonora, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Puebla, revelaron integrantes del Gabinete de Seguridad (La Jornada). Ya se habían descubierto otras en Tabasco.
El lunes, El Noroeste reportó: “Un total de 305 cámaras de videovigilancia instaladas por grupos delictivos en Culiacán fueron desmontadas y aseguradas por elementos de las fuerzas federales. Las labores estuvieron realizadas por elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la policía estatal preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del estado”.
Como bien preguntó Adrián López, el director de El Noroeste: “¿Cuánto tiempo tomó eso?, ¿cómo es que hasta ahora las autoridades se dan cuenta? Llevamos años siendo vigilados por criminales”.
En Sinaloa y en muchos otros estados. ¿Alguien ha investigado a autoridades locales que permitieron o “no vieron” la instalación de estas cámaras”? ¿No tienen responsabilidad?
Es imposible entender la situación de muchos territorios del país sin mirar e investigar a autoridades locales. La operación Enjambre en Estado de México, algunos operativos en Chiapas parecerían señalar que es la intención de la nueva Secretaría de Seguridad. Pero la crisis en Sinaloa y quedar bien con Trump parecen haber cambiado la prioridad.
Si no voltean a ver los locales, las cosas no mejorarán.