Es tiempo de mujeres, nos dicen desde las tribunas del poder. Llegamos todas, dice la Presidenta desde que llegó ella.
En estos días he pensado en el caso de una mujer, una que no siente que sea “su tiempo” ni que llegó a ninguna parte con nadie.
Es solo una, pero representa a miles a las que tanto discurso no les ha cambiado el destino.
Aquí la historia como la cuenta la organización, CEA Justicia Social, que la acompaña y lucha por ella.
Hace más de una década detuvieron a una joven de 19 años, hoy sigue sin una sentencia. Su nombre es Mónica Yuliana Espinoza Balderas y su caso se ha convertido en un ejemplo alarmante del uso prolongado y punitivo de la prisión preventiva en México.
El 3 de junio de 2014, cuando tenía 19 años, Mónica fue detenida en Tehuacán, Puebla, antes de ingresar a sus clases en la universidad. Fue interceptada por la fuerza, trasladada con el rostro cubierto y mantenida incomunicada durante varios días, mientras su familia desconocía su paradero. Durante ese periodo fue víctima de tortura física y psicológica. Fue puesta a disposición hasta el 5 de junio de 2014. Inicialmente se le imputaron diversos delitos; sin embargo, el propio juzgado determinó el 15 de junio de 2014 que no existían elementos para procesarla por delincuencia organizada, secuestro ni portación de armas. Tras una apelación del Ministerio Público, fue sujeta a proceso únicamente por secuestro, basándose esencialmente en una declaración obtenida bajo tortura. No existe otra prueba.
Desde entonces, Mónica permanece en prisión preventiva sin sentencia. La prolongación de esta medida rebasa ampliamente los estándares constitucionales y convencionales que establecen que la prisión preventiva debe ser excepcional, proporcional y revisable. Doce años sin sentencia constituyen una afectación grave al derecho a la presunción de inocencia, a la libertad personal, al debido proceso y al derecho a ser juzgada en un plazo razonable.
Su defensa recientemente solicitó el cambio de medida cautelar. El futuro de Mónica Yuliana está en manos del nuevo Poder Judicial.
En particular de la jueza Teresita Sosa Berthely del Juzgado primero de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla que tendría que admitir y resolver de manera urgente el cambio de medida cautelar, permitiendo que, al menos, Mónica continúe su proceso en libertad.
Ya veremos si llegaron todas.