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Reforma fiscal 2027: Incentivos, límites y capacidad contributiva

Ciudad de México /
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El Congreso aprobó el paquete fiscal 2027 y lo turnó al Ejecutivo. Al cierre de esta revisión, su publicación en el Diario Oficial de la Federación permanece pendiente. El paquete mantiene la tasa general del ISR y combina estímulos selectivos con disposiciones que amplían la base gravable. Recaudar más puede ser legítimo; sin embargo, gravar utilidades que no reflejan la capacidad económica efectiva de las empresas abre un debate constitucional.

Richard Musgrave colocó la equidad y la capacidad de pago en el centro de la política fiscal. Dino Jarach entendió la capacidad contributiva como un criterio de legitimidad y un límite al poder tributario, mientras que Klaus Tipke destacó la exigencia de coherencia del sistema fiscal. Bajo estas premisas, limitar deducciones indispensables plantea tensiones frente al artículo 31, fracción IV, de la Constitución. Asimismo, establecer un umbral de 50 millones de pesos con base en los ingresos, sin distinguir entre márgenes o niveles de rentabilidad, también plantea interrogantes sobre la igualdad tributaria. Estos principios permiten analizar los alcances de las disposiciones incorporadas en el paquete fiscal 2027.

La Ley de Ingresos estima recursos por 10.636 billones de pesos y una recaudación tributaria de 6.264 billones. Entre los beneficios figuran el programa de regularización, que contempla una reducción del 100 por ciento de multas, recargos y gastos de ejecución, así como el retorno de capitales con una tasa de ISR del 7.5 por ciento, condicionado a que los recursos tengan procedencia lícita, ingresen al país y se destinen a inversión durante el plazo establecido. Estas opciones pueden ser útiles para sanear contingencias y fortalecer la liquidez.

El paquete incorpora estímulos a la inversión, la capacitación y la innovación. La deducción inmediata de activos nuevos, sujeta a requisitos específicos y aplicable entre 2027 y septiembre de 2030, puede mejorar el flujo de efectivo y permitir adelantar proyectos productivos. Por su parte, los Polos de Desarrollo para el Bienestar contemplan créditos en ISR, deducción inmediata y acreditamiento de IVA. La procedencia de estos beneficios dependerá del cumplimiento de requisitos relacionados con constancias, empleo, destino de los bienes, registros y plazos.

Por otra parte, la reforma al ISR impacta a las personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos. El nuevo capítulo X establece límites a las deducciones y al aprovechamiento de pérdidas. Si las deducciones no exceden el 96.67 por ciento de los ingresos, solo se reconocerá el 99 por ciento de su monto; si superan ese umbral, el límite será del 96.67 por ciento. La diferencia podrá diferirse hasta por veinte ejercicios, con actualización y sujeta a un plazo de caducidad. El efecto inmediato puede ser el pago de ISR incluso cuando la utilidad económica de la empresa sea reducida.

Las pérdidas fiscales pendientes de amortizar solo podrán disminuir hasta el 50 por ciento de la utilidad fiscal anual y de la considerada para los pagos provisionales; además, el periodo para su aprovechamiento se extiende a veinte ejercicios. Los intereses netos dejarán de ser deducibles en la medida en que excedan el 20 por ciento de la utilidad fiscal ajustada. Estas medidas afectan especialmente a las empresas con márgenes estrechos, proyectos apalancados y negocios intensivos en capital. La eliminación del régimen opcional para grupos también tendrá efectos sobre la tesorería, la estructura corporativa y las posibilidades de diferimiento fiscal.

La Ley Federal de Derechos eleva o actualiza cuotas en materia migratoria, aeronáutica, ferroviaria, ambiental y de supervisión. Un derecho se justifica por la relación entre la cuota y el servicio, uso o aprovechamiento que recibe el particular. Cuando su monto se desvincula del costo o del beneficio individualizable y adquiere una finalidad predominantemente recaudatoria, surgen cuestionamientos sobre su proporcionalidad, equidad y legalidad.

Los litigios previsibles abordarán la distinción entre deducciones estructurales y beneficios fiscales, el tratamiento de las pérdidas generadas antes de 2027, los límites a la deducción de intereses y la motivación legislativa de estas disposiciones. Podrían plantearse argumentos relacionados con la seguridad jurídica, la irretroactividad y la capacidad contributiva. Por su parte, la autoridad invocará su libertad de configuración legislativa, la aplicación futura de las partidas y el combate a la erosión de la base gravable. El resultado dependerá del acto reclamado, las pruebas aportadas y los criterios judiciales aplicables.

El problema de fondo permanece. La OCDE reporta que los ingresos tributarios de México representaron el 18.3 por ciento del PIB en 2024, frente al promedio de 34.1 por ciento de sus países miembros. México requiere ingresos estables, inversión, formalidad y confianza. Una reforma integral debe revisar los gastos fiscales, ampliar la base tributaria, simplificar el sistema, combatir la informalidad, fortalecer el federalismo y evaluar el ejercicio del gasto público. La consistencia entre ingresos, gasto y crecimiento importa tanto como la recaudación. El objetivo debe ser elevar la productividad, fortalecer la competencia y generar certeza para invertir.

El cierre de 2026 exige a las empresas modelar su flujo de efectivo y tasa efectiva para 2027, inventariar las pérdidas fiscales pendientes, revisar sus financiamientos, calendarizar inversiones y trazar sus deducciones. También deberán documentar la materialidad, la razón de negocios y el vínculo de cada erogación con la generación de ingresos. El paquete ofrece incentivos reales, pero también establece restricciones capaces de elevar los pagos provisionales y el costo fiscal. La respuesta debe combinar planeación, cumplimiento preciso y, cuando corresponda, una defensa sustentada en evidencia de la capacidad económica efectiva. #OpiniónCoparmex


  • Domingo Ruiz López
  • Presidente del Comité de Auditoría de COPARMEX
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