Luis M. Morales
La matanza del domingo pasado en un palenque clandestino de Zinapécuaro, Michoacán, donde murieron veinte personas, entre ellas tres mujeres, dejó indiferente a la opinión pública, pues de tanto repetirse, las atrocidades de los ejércitos criminales han dejado de ser noticia. No sólo enmudeció el palenque, sino la indignación social aletargada por el terror cotidiano. En la mañanera del lunes, el presidente López Obrador despachó el asunto con un comentario lacónico, muy similar a los que Felipe Calderón balbuceaba con voz aguardentosa en circunstancias análogas: “Fue una masacre de un grupo contra otro, en un palenque clandestino donde estaban y llegaron y ahí balearon a los asistentes, hubo desgraciadamente muchos muertos”.
Cáustico y visceral en sus denuestos a intelectuales o periodistas, el presidente utiliza en cambio un lenguaje de terciopelo para referirse a los narcos. Ni siquiera los rasguña con un adjetivo condenatorio, pues como ha reiterado ad nauseam, el narco es pueblo y merece todo su respeto, aunque sus víctimas sean también gente del pueblo. Y como los soldados del ejército son pueblo uniformado, tampoco ellos pueden emplearse a fondo para someter a sus camaradas, de modo que la supremacía del hampa en la tercera parte del territorio nacional no cesará hasta 2050, cuando los programas sociales de los gobiernos morenistas hayan logrado al fin disuadir a los jóvenes de tomar las armas para enriquecerse rápidamente. Mientras llega la redención prometida, las víctimas de la violencia deben aguantar vara y encomendarse a Dios.
Desde hace 15 o 20 años, el hampa gobierna una buena parte de Michoacán, a pesar de los operativos que el ejército ha implementado infinidad de veces para recuperar temporalmente territorios en poder del hampa. En 2014, los grupos de autodefensa lograron una momentánea victoria sobre los Caballeros Templarios, mostrando una eficacia muy superior a la del ejército, pero el gobierno de Peña Nieto se apresuró a reprimir esa prometedora insurrección popular. En las últimas décadas, muchas voces críticas han exigido profesionalizar a las policías municipales y estatales de todo el país, mejorar sustancialmente sus salarios, entregar a los civiles el mando de la Guardia Nacional y despenalizar las drogas para quitar fuentes de ingresos al narco. Pero como esa tarea lleva tiempo, requiere de un pacto entre todas las fuerzas políticas y sus resultados sólo se pueden ver a largo plazo, los gobiernos de ayer y de hoy siguen aplicando con terquedad el proverbio de Einstein: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”
La seguridad de los michoacanos sigue, pues, en manos de un ejército cuyos niveles de infiltración desconocemos, pues todas las tentativas por someterlo al escrutinio público han fracasado en anteriores sexenios y en lo que va del actual. Recién llegado a la presidencia, López Obrador ordenó al Ejército y a la Marina que abrieran por completo sus archivos al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes convocado por los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Sin embargo, el lunes los portavoces del grupo informaron que los altos mandos de ambas corporaciones todavía les ocultan documentos cruciales para esclarecer ese caso paradigmático. No es de extrañar que marinos y militares hayan desobedecido a su comandante supremo, pues le tomaron la medida desde octubre del 2020, cuando López Obrador movió cielo, mar y tierra para impedir que el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, fuera procesado en Estados Unidos por complicidad con el narco. Y cuando la Fiscalía, bajo la presión de la prensa, tuvo que divulgar el expediente de la DEA en contra de Cienfuegos, lo entregó con más de cien hojas tachadas.
Más que ningún otro presidente, AMLO tenía una oportunidad de oro para sanear el ejército y la marina, por el enorme apoyo popular con que llegó al poder. El proceso a Cienfuegos le venía como anillo al dedo para hacer una purga, pero se ha dedicado a comprar una lealtad que debería exigir, otorgando un sinfín de prebendas y canonjías a la Secretaría de la Defensa, que ahora suplanta a la de Comunicaciones y Transportes en la construcción de obras públicas. Para colmo, el usufructuo del nuevo aeropuerto pasará directamente a las arcas del ejército, como en la dictadura pretoriana de Nicolás Maduro. Si Fox, Calderón o Peña hubieran hecho lo mismo, López Obrador los habría tachado de golpistas. Mientras prevalezca esta situación, ¿cómo vamos a evitar que la Guardia Nacional incurra en los vicios de la extinta Policía Federal? ¿Se puede confiar en la autorregulación de corporaciones que no rinden cuentas a nadie? La podredumbre del Estado amerita una cirugía mayor, no una capa de maquillaje.
Enrique Serna