Con pelos y señales

La consulta falsa

Enrique Serna


Luis M. Morales

Durante el sexenio de Peña Nieto, López Obrador fue su impugnador más feroz. Tras las elecciones de 2012, lo acusó de haber invertido 7 millones de dólares procedentes de lavado de dinero en la compra masiva de votos. En febrero del 2014 lo denunció ante la PGR por traición a la patria, con el argumento de que había pactado fuera de nuestro país la reforma energética. En noviembre del mismo año lo señaló como “único responsable” por la matanza de los normalistas de Ayotzinapa y cuando Carmen Aristegui destapó el escándalo de la Casa Blanca, se desgañitó en varios mítines tachándolo de corrupto. En abril de 2017 lo acusó de haber recibido sobornos multimillonarios de la empresa brasileña Odebrecht cuando era candidato a la presidencia y de haber orquestado desde Los Pinos un descarado fraude en las elecciones del Estado de México.

Acabar con la impunidad de los políticos corruptos había sido hasta entonces su principal bandera de lucha, pero en la campaña electoral de 2018, un súbito arrebato de misericordia lo indujo a perdonar los evidentes latrocinios de Peña Nieto, invocando la necesidad de una reconciliación nacional. En esa campaña fue Ricardo Anaya quien prometió encarcelar a Peña Nieto y en represalia, la PGR le imputó el delito de “lavado de dinero”, acusación de la que luego fue exonerado. El baño de lodo lo sacó de la contienda y en buena medida contribuyó a la victoria de AMLO. Desde entonces quedó en evidencia el pacto de impunidad entre el campeón de la podredumbre institucional y el supuesto azote de los corruptos.

La consulta popular del próximo domingo es un vano intento por borrar esa evidencia. Con ella, el encubridor disfrazado de predicador quiere legitimar una decisión ya tomada: ponerle “punto final” al enjuiciamiento de los expresidentes, como declaró la semana pasada, para no desatar una oleada de “venganzas políticas”. Procesar a Peña Nieto (y a sus antecesores, incluyendo a Echeverría, si la FGR tiene pruebas contra ellos) no sería una venganza política, sino un ajuste de cuentas indispensable para erradicar la corrupción. Varias repúblicas de Latinoamérica (Brasil, Perú, Guatemala) han puesto tras las rejas a sus expresidentes por contubernios similares a los de Peña. En México, por desgracia, prevalecen las componendas entre partidos falsamente antagónicos. La corrupción es la peor lacra de nuestra vida pública y nada la fomenta más que los pactos transexenales. Mientras persistan, ningún voto de castigo impedirá el saqueo del erario.

A finales del 2018, acorralado por Carmen Aristegui en una entrevista radiofónica, López Obrador se sacó de la manga la idea de someter a una consulta popular la decisión de enjuiciar o no a los expresidentes. Sabía perfectamente que la impartición de justicia no se puede someter a plebiscito, y tal vez por eso postergó hasta el segundo año del sexenio la propuesta de la consulta a la Suprema Corte. Todos conocemos el grotesco sainete que vino después: colocados entre la espada y la pared, los magistrados adictos al régimen, con las honrosas excepciones de quienes votaron en contra, se las ingeniaron para convertir una pregunta inconstitucional en una perogrullada inocua. La consulta del próximo domingo costará 528 millones de pesos y sea cual sea su resultado, los expresidentes dormirán tranquilos, porque la vaguedad de la pregunta está calculada para protegerlos. Ningún vocero oficial ha tenido la decencia de reconocer en público que el gobierno pudo haber procesado a Peña desde el primer día del sexenio, sin necesidad de consulta alguna.

Desde 2014, cuando el gobierno de Peña Nieto filtró a la prensa un video en que la diputada morenista Eva Cadena recibía quinientos mil pesos en efectivo, el actual presidente sabe cuál es el arma con la que Peña puede golpearlo si no cumple con lo pactado. La divulgación de los videos en que Pío y Martín López Obrador recibieron donativos ilegales para las campañas de Morena (provenientes de los fondos públicos de Chiapas, el estado más pobre de México) fue una clara advertencia de lo que puede pasar si la FGR se atreve a echarle el guante al expresidente. Por lo visto, la videoteca de Peña Nieto guarda muchas otras sorpresas y si se siente amenazado puede divulgarlas. Una confrontación de ese tipo sería excelente para sanear la vida pública de México, pero no le conviene a ninguno de los dos involucrados. La consulta del domingo, por lo tanto, dejará impune a Peña, a Salinas y a todos los saqueadores de la nación. Muchos otros asuntos de la vida pública ameritaban ser sometidos a plebiscito (la militarización del país, por ejemplo) pero sobre eso el presidente no respeta más opinión que la suya. Se cumple de nuevo una vieja tradición histórica: los más fervientes adoradores del pueblo son los que menos respetan su inteligencia.

Enrique Serna


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