Desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el evento inaugural de nuestro largo descenso al infierno, la sociedad mexicana se ha debatido entre la indignación y la resignación ante el avance arrollador de la criminalidad impune, que gobierna ya buena parte de la República. El artero asesinato del alcalde michoacano Carlos Manzo, muy semejante al cometido en Lomas Taurinas, podría significar un parteaguas en el combate a las mafias incrustadas desde entonces en el aparato de seguridad, si el Movimiento del Sombrero adquiere un carácter nacional, aglutina a todas las fuerzas de la sociedad civil y presiona con ahínco a las autoridades que desoyeron al mártir cuando les imploró auxilio.
Por lo pronto se ha convocado a una marcha para el 15 de noviembre del Ángel al Zócalo, que no debería tener un tinte faccioso, pues el caos delictivo también ha cobrado una buena cantidad de víctimas entre los alcaldes morenistas que se niegan a pactar con el hampa. Sólo el clamor unánime de la sociedad puede ponerle fin a esta pesadilla. La polarización, en cambio, beneficia a los criminales, que se unen siempre al bando ganador. Y si bien AMLO, agradecido por su apoyo a Morena en las campañas electorales, cometió la vileza de tratarlos con algodones, permitiéndoles expandir a gran escala el negocio de la extorsión, el narcoterror no comenzó con él: es un problema estructural del Estado mexicano que ningún gobierno ha combatido con eficacia.
Hasta hoy las clientelas políticas de la 4T habían tolerado el gobierno del crimen a cambio de pensiones y becas, aunque ese contrato social las pusiera en peligro de muerte, pero tal parece que la paciencia del pueblo ya se agotó. Si ese pacto de impunidad prevalece, la vida en México será una tragedia sin fin: Manzo lo sabía y dio la vida con tal de impedirlo. Su ejemplo debe calar hondo en la conciencia nacional, sobre todo entre los jóvenes de poblaciones dominadas por el narco. El PAN perdió el poder en 2012 porque la gente le cobró en las urnas las increíbles negligencias de Calderón en el combate al narco, empezando por la peor de todas: habérselo encomendado a un evidente socio del cártel de Sinaloa. Nada parecido sucedió en los comicios de 2024, a pesar de que AMLO arropó a los sicarios como si fueran guerrilleros patriotas. Los electores no castigaron el aumento exponencial de los asesinatos en su sexenio y los resultados están a la vista: la presidenta Sheinbaum heredó un polvorín que todos los días le revienta en las manos, pero en vez de afrontar la realidad, intenta negarla maquillando las cifras de asesinatos dolosos. Quizá García Harfuch sea un buen policía, pero ¿acaso cuenta con un instrumento eficaz para realizar su tarea? ¿Para quién trabajan los 14 guardias nacionales que escoltaban a Manzo en la plaza de Uruapan? ¿No es hora ya de que alguien detenga la infiltración de los cárteles en las fuerzas armadas?
Cuando triunfó la revolución de 1910, Madero dejó intacto el ejército porfiriano, una ingenuidad que le costó el poder y la vida. Vicente Fox cometió el mismo error en el 2000 y ningún presidente del efímero interregno democrático se atrevió a cortar el mal de raíz. Los vicios acumulados durante un siglo en ese coto de poder ajeno al escrutinio público han salido a relucir muchas veces, pero ni entonces ni ahora, los gobiernos civiles han querido emprender una purga que podría enemistarlos con los militares. No sabemos con precisión cuál es el grado de infiltración criminal en las fuerzas armadas, pero su ineficacia para combatir a los matones empoderados es un claro indicio de podredumbre. La detención del general Cienfuegos en Los Ángeles le dio a López Obrador una gran oportunidad de sanear la corporación, pero dobló las manos al menor respingo del secretario de la Defensa. Los aduladores de Claudia Sheinbaum se vanaglorian todos los días de su gran popularidad, pero si de veras es una líder tan fuerte, ¿por qué no asume de verdad la comandancia suprema de las fuerzas armadas? Sólo habrá paz en México si extirpa sus tumores ancestrales y de paso fumiga las fiscalías, un nido de alacranes que dejó intacto la reforma judicial.
El siniestro plan C de López y Sheinbaum tuvo un solo objetivo: consolidar una nueva dictadura de partido. Se trata, sin embargo, de una dictadura anárquica, donde el Estado no tiene el monopolio de la violencia, porque a sus líderes les ha faltado ambición o les ha sobrado miedo para conquistar un verdadero poder absoluto, en vez de compartirlo con las mafias preexistentes que socavan y desprestigian su autoridad. Tras haber derrocado al zar, Lenin fundó el ejército rojo. Obregón y Calles también rehicieron el Ejército mexicano cuando terminó la lucha entre facciones revolucionarias. O emprenden esa magna tarea o seguirán obligados a dar condolencias huecas todas las mañanas.