El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el presidente Andrés Manuel López Obrador comparten ser genuinos, es decir, cada cual dice sin vacilación y de manera directa lo que piensa. Esto permite que haya una relación confiable, aunque las diferencias no son importantes. El Presidente asume su tarea como una misión moral y el Fiscal tiene una responsabilidad que no da para la retórica, su tarea es procurar la justicia en un país en el que su mayor debilidad de siempre ha sido esa.
El Presidente asume, respeta y entiende la autonomía de la fiscalía. El titular es confiable en cuanto que no tiene otro interés ni proyecto que no sea cumplir con la tarea difícil y compleja de una fiscalía autónoma, esto es, independiente del gobierno y de cualquier otro interés. Es una institución de Estado que tiene una muy delicada tarea: proveer justicia en un país donde el común denominador ha sido la impunidad.
El Presidente ha reiterado una y otra vez que la fiscalía es autónoma, y no es un decir, es una definición y un compromiso. El Fiscal lo entiende; sin embargo, enfrenta dos problemas. Tiene que crear una institución a partir de lo que existe y en la anterior procuraduría había mucho muy bueno y mucho muy malo. La cuestión es que es difícil diferenciar lo uno de lo otro. Gertz Manero no parte de cero y eso que ayuda, también suele ser un problema. Por la otra, mucho de lo que hace es con los elementos que le hacen llegar otras instancias de autoridad, algunas de éstas del propio gobierno federal.
Lo que más preocupa al fiscal general Gertz Manero, como se constató en su pasada intervención con los embajadores de México en el exterior, es que los resultados de la institución queden comprometidos por las faltas que realicen terceros, especialmente las que inciden en la violación al debido proceso, entre otras, la presunción de inocencia. No es una cuestión de opinión sobre si es o no conveniente, útil o necesaria denunciar públicamente a presuntos responsables y exhibir fechorías y patrimonio, como se ha hecho. La cuestión es más elemental: cuidar el debido proceso porque de otra forma al inocente se le causa un perjuicio posiblemente irreversible y al culpable se le garantiza una eventual absolución no por lo que hizo, sino porque al violar sus garantías procesales, aún siendo culpable el juez habría de liberarle.
Como tal, el presidente López Obrador y cercanos colaboradores no han tenido el cuidado de la presunción de inocencia. Con extremos de irresponsabilidad hacen imputaciones sumamente graves y algunas de ellas sin fundamento. Claramente es una conducta ilegal, que ha perjudicado a particulares inocentes y en algunos casos de conducta ejemplar. Así acontece cuando el funcionario no entiende que la ética del servidor público es cumplir y hacer cumplir la ley. Es necesario que el Presidente entienda que no puede conducirse con tal liberalidad, él y sus cercanos colaboradores.
Efectivamente, las imputaciones públicas o privadas que se hacen en unidades que no están investidas de autoridad para asumir la investigación judicial pueden tener consecuencias muy negativas para el proceso penal, además de afectar gravemente los derechos y las garantías constitucionales de terceros. La pasividad en la defensa legal de los afectados ha hecho convalidar una conducta claramente contraria a las leyes. Las imputaciones a particulares o a empresas dañan de manera irreversible reputaciones y negocios. Que esto ocurra por descuido o falta de rigor es una situación a la que debe ponerse un alto.
Muy encomiable, certeras y oportunas las expresiones del fiscal general de la República. Una observación que debe ser atendida por el presidente López Obrador. La acción contra los delincuentes o la corrupción no requiere del espectáculo, sino más bien hacerlo así compromete los resultados y la acción de la justicia.
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