Gil lo leyó en su periódico MILENIO en una nota de Liliana Estevez con muy buena carpintería y acabados de ebanistería periodística de buena factura por todo lo que revela. Entre 2025 y 2026, el promedio mensual de funcionarios relacionados con delitos financieros aumentó en un 73 por ciento en el estado de Sinaloa, revelan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muy sencillo, el gobierno de Morena en Sinaloa es una cueva de ladrones.
Entre los casos conocidos de tales delitos detectados en 2025, está el de Jesús “F”, a quien la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada acusó de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia como presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa.
También en 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el gobierno de México desarticularon en noviembre una red de 10 casinos instalados en el país —cuatro de ellos en la entidad que gobernaba Rocha Moya— acusados de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa.
En medio de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra al menos diez funcionarios de esa entidad, incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, el informe del SNSP establece que dichos delitos financieros son castigados por el Código Fiscal de la Federación.
Cumplir la ley, ¿cuál ley?
Aquí hay un asunto interesante, Sinaloa es un estado sin ley. Entre los principales delitos que sanciona dicho Código están la defraudación fiscal que incluye actos como declarar menos ingresos, simular gastos, ocultar operaciones, usar facturas falsas y pedir devoluciones indebidas de impuestos. La defraudación fiscal equiparada se refiere a hechos como el uso de comprobantes fiscales falsos, ocultamiento de ingresos, declarar pérdidas inexistentes, simular actos jurídicos u omitir reiteradamente declaraciones.
Gilga medita: los cómplices del verdadero crimen organizado armaban negocios millonarios, repartían sobornos, desaparecían enemigos y atravesaban la frontera de Estados Unidos con grandes cargamentos de droga, muy principalmente Fentanilo. Aquí hay algo raro, ¿no lo creen? Nadie en el gobierno federal tomó nota; al contrario, lo visitaban el expresidente y la entonces presidenta electa para alzarle la mano al campeón Rocha.
Y no nos vengan con que la ley no es la ley
Una cosa es una cosa y otra cosa Juan Domínguez. Si vemos los resultados al día de hoy en Sinaloa, ninguno de estos delitos fue sancionado entre las redes de la pandilla de los diez de Morena. En este contexto, existe una acusación del Distrito Sur de Nueva York en la que el fiscal Jay Clayton señala a funcionarios mexicanos acusados, entre otros delitos, de permitirle a la facción de Los Chapitos cometer diversos ilícitos a cambio de lo cual recibieron millones de dólares procedentes del narcotráfico. ¿Y no nos vengan con el cuento de que la ley no es la ley?, ¿o cómo era?
En el caso de Rocha Moya, la acusación indica que contó con el apoyo del grupo criminal para ganar las elecciones y convertirse en gobernador de la entidad, por lo que antes y después de ganar se habría reunido con los líderes de Los Chapitos, encuentros durante los cuales se comprometió a apoyar sus operaciones ilícitas. Según la acusación, el mandatario con licencia les permitió también poner a funcionarios corruptos en puestos de poder tanto a nivel estatal como local. A este respecto, Hacienda, a través de la UIF, informó este 18 de mayo que derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano —procedentes de los señalamientos de autoridades estadounidenses—, se incrementaron las cuentas bloqueadas.
O sea, en la cueva hay sobrecupo.
Esto es, que aumentó la lista de personas bloqueadas que podrían ser familiares cercanos, socios, prestanombres potenciales y personas con vínculos patrimoniales o comerciales, aunque con carácter estrictamente preventivo.
“Lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo”, explicó Hacienda.
Aclaró que la UIF mantiene en análisis la información y documentación respectiva de los funcionarios señalados, así como de las personas a quienes recientemente les fueron bloqueadas sus cuentas, por lo que estas medidas no implican ninguna responsabilidad.
Y duro y dale con que congelar cuentas no implica responsabilidad alguna.
Todo es muy raro, caracho, como diría el clásico de la canción: “Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí”.
Gil s’en va