Gil no da crédito y cobranza. El órgano de control del Instituto Nacional Electoral expuso el alcance de la presunta red de colusión entre proveedores y la hasta hace días consejera presidenta. Los contratos simulados llegaron hasta casi 2 mil 500 millones de pesos. O sea, un escándalo monumental que incluye la demolición del INE. Lo destruyeron, así se lo propuso el expresidente Liópez desde el primer día de sus infames conferencias mañaneras. Gilga leyó todo esto en su periódico El País en una nota de Elia Castillo.
Lean con calma: el titular del Órgano Interno de Control, Víctor Hugo Carvente, ha comparecido ante la Cámara de Diputados para dar cuentas del perjuicio que supuso el escándalo de presunta corrupción que llevó a la renuncia de Guadalupe Taddei por sus acuerdos con el contratista José Alfredo Hernández Casillas.
Los nombres de las empresas y las cifras desfilaron en la presentación del contralor: cinco compañías vinculadas entre sí simularon competir, de acuerdo con el reporte del OIC, durante casi una década para obtener contratos de material electoral por 2 mil 461 millones de pesos en 27 organismos públicos locales (OPLE). La presentación ha confirmado que el organismo fiscalizador conocía desde mayo las irregularidades que comprometían la gestión de Taddei. Y esa información ha abierto otro frente, el de la responsabilidad de quienes debían detectar y frenar esas prácticas. El fango los ha cubierto, oh, sí.
Gil se pregunta qué ocurrirá con este desagradable sujeto, Alfredo Hernández Casillas, que tiene todos los agravantes de un macho miserable y, sobre todo, de un delincuente. Gamés no es Ministerio Público, pero ya deberían presentarlo.
Cinco empresas
Este camino es impresionante: Carvente describió una ruta dolosa que apunta a cinco empresas. Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México aparecen en las pesquisas como compañías que compartían socios y representantes legales, pero competían por separado. Ah, qué sinvergüenzas. Bueno, pero qué pillos: “estamos ante un escenario de simulación en el que existen empresas únicas, pero en realidad están diseminadas en este grupo de cinco empresas”, ha dicho el contralor.
Entre los vínculos mencionados figura Hernández Casillas, relacionado con Cajas Graf y Seriplast. Otros representantes, entre ellos el hermano del contratista favorito de Taddei, aparecen en varias de las compañías. La hipótesis que investiga el órgano de control es que esa estructura permitió presentar una apariencia de competencia en procedimientos que debían garantizar condiciones de igualdad para los proveedores.
Los 2 mil 461 millones de pesos de los contratos obtenidos por las cinco compañías se dieron entre 2014 y 2025 en 27 organismos electorales locales. El grupo concentró 77% del mercado, ha dicho el funcionario. De esa cifra, en el periodo de 2021 a 2025, el monto de contratos identificado para dichas firmas asciende a mil 88 millones de pesos.
La papa caliente
La comparecencia también ha puesto bajo escrutinio al responsable de vigilar las cuentas del INE. Diputados de oposición reclamaron a Carvente por presunta omisión ante las fallas de contratación y los posibles conflictos de interés. Si las investigaciones llevaban meses en curso, el OIC debía explicar qué actuaciones realizó, qué obstáculos encontró y por qué la información no había adquirido antes una dimensión pública. El contralor ha recordado que el único ente facultado para presentar denuncias penales es la Auditoria Superior de la Federación.
El vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, ha endurecido la postura oficialista y ha reclamado, a nombre de la bancada, consecuencias penales para la expresidenta: “Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel”. Le siguió un silencio sepulcral que continuó con un llamado a la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación de oficio y actúe contra los bienes y las cuentas de las empresas señaladas. El legislador, cercano a la presidenta Sheinbaum, sostuvo que se requiere abrir un “maxiproceso” para esclarecer la red de proveedores, las posibles operaciones simuladas y la facturación presuntamente irregular. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández, ha sostenido hasta el momento que las eventuales denuncias penales se procesarán, en su caso, cuando concluyan las auditorías.
Todo es muy raro, caracho, como diría la frase que Gil encontró en ChatGPT: “El mentiroso falsifica la verdad; el ladrón se apropia de lo ajeno; el traidor vende a quienes confiaron en él”.
Gil s’en va