En el periodo previo a cada Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP), múltiples espacios de opinión son destinados a elaborar expectativas; sin embargo, al final de cada cumbre, puede parecer que las discusiones solo han sido capaces de generar pequeños avances.
Las múltiples voces presentes en las reuniones de la COP a menudo parecen estar orientadas hacia propósitos contrapuestos, con algunas opiniones ignoradas y olvidado, en gran medida, la historia de cómo estos encuentros climáticos fueron concebidos. Con las reuniones tornándose cada vez más difíciles, ¿se hace necesario revisar aquello que fue acordado por todos los países que firmaron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, que dio paso a las negociaciones globales?
Debemos hacernos algunas preguntas sencillas: ¿nos hemos alejado demasiado del documento original? ¿Las COP se están llevando a cabo en un mundo paralelo, desconectado de las realidades a las que se enfrenta la población mundial? ¿Se han convertido en espacios de “ganar o perder” de “ganar-ganar”? ¿Y cómo podrán los siguientes encuentros alcanzar más de esta última premisa?
Al firmar en 1992, las partes signatarias se esforzaron por diferenciar entre naciones desarrolladas, responsables de “la mayor parte de las emisiones globales históricas y actuales”, y países en desarrollo, donde las emisiones per cápita eran también relativamente bajas.
De hecho, esta distinción se mantiene hoy. Bajo una perspectiva histórica, desde 1850, Estados Unidos ha sido responsable de cerca de 25 por ciento de las emisiones totales de CO2, con la Unión Europea cerca de 17 por ciento y los países del G7 por encima de 43 por ciento. En cambio, el total generado por los países miembros de la OPEP es de 4 por ciento, India, 3.5 por ciento, mientras que África y Sudamérica registran menos de 3 por ciento. Además, desde 1992, la brecha entre los países de la OCDE y los que están fuera, en términos de emisiones per cápita asociadas con la energía, se ha expandido.
Lo que esto pone de relieve está reflejado en una línea que aparece en la primera página de la Convención, que destaca que las respuestas internacionales eficaces y apropiadas deben delinearse “de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas (de los países signatarios), así como sus respectivas capacidades y sus condiciones sociales y económicas”.
Por momentos puede parecer que algunos hacen caso omiso a esta distinción en las reuniones de la COP; sin embargo, resulta vital que la misma continúe siendo un aspecto crucial para el proceso en curso, con el objetivo de asegurar soluciones energéticas futuras que sean realistas y justas para todos.
Más adelante, en dicha primera página, el documento también subraya el derecho soberano de cada nación a explotar sus propios recursos, de conformidad con sus propias políticas ambientales y de desarrollo. Continúa, además, reconociendo “las especiales dificultades de aquellos países en desarrollo, cuyas economías dependen de la producción, el uso y la exportación de combustibles fósiles, a consecuencia de las medidas adoptadas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Si bien resulta claro actualmente que los productores de petróleo están reduciendo emisiones conforme se alcanzan nuevos avances en la eficiencia operativa y el desarrollo de nuevas y ya existentes tecnologías, también es relevante recordar esta referencia dado que tiene plena vigencia hoy.
Debemos puntualizar que en la actualidad alrededor de 100 países producen petróleo, que los consumidores continúan adquiriéndolo, la demanda global aumenta año tras año y los productos derivados siguen siendo esenciales para las necesidades diarias. De hecho, sin ellos no sería posible organizar una COP.
Aun cuando los países productores de petróleo tuvieron un lugar en la mesa durante las tres reuniones más recientes, después de haber sido relegados en la COP26, es crucial tener presente el espíritu que emana del documento fundacional de la Convención, el cual enfatiza que todas las voces deben ser escuchadas.
Otra característica clave incluida en 1992 es la obligación de los países desarrollados de proporcionar recursos financieros nuevos y adicionales, incluso para la transferencia de tecnología, a fin que los países en desarrollo puedan cubrir los elevados costos asociados a las medidas de implementación incluidas en la Convención.
El cumplimiento de las obligaciones de cobertura de las brechas de financiamiento y el aumento de la financiación climática para países en desarrollo por parte de los países desarrollados estuvo en la agenda de Bakú, 32 años después de su establecimiento. Si bien una nueva meta en materia de financiamiento fue acordada, es importante su cumplimiento a cabalidad.
El acuerdo inicial de la Convención es un documento bien elaborado, que atiende los intereses de todas las partes. La narrativa antipetróleo que, de alguna manera, se ha vuelto parte de las discusiones de la COP no tiene fundamento en este texto originario, donde se resalta la importancia de la “cooperación más amplia posible” y reconoce las necesidades de todos los pueblos y naciones, desde la perspectiva de la equidad y la justicia para construir su futuro. Tampoco hace el texto referencia a la elección de fuentes de energía, sino que se centra en la necesidad de reducir emisiones y aprovechar las tecnologías que colaboren en ese objetivo.
La Convención se basa en un enfoque integral, el cual la OPEP sigue defendiendo. No podemos descartar ninguna energía, desestimar ninguna tecnología ni marginar a ninguna población o país. Necesitamos soluciones que beneficien a todos los participantes de las reuniones de la COP y que tengan en cuenta cada punto de vista, siguiendo el mandato original de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.