M+.- “México no puede invocar el derecho internacional frente a Washington y, al mismo tiempo, ignorarlo frente a sus propios ciudadanos”, dice Pedro Salazar, y dice bien.
Pero es lo que el gobierno de México hace ahora, con inusitada vehemencia, en defensa del pedido estadunidense de extradición del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y sus asociados.
La verdad es que en estas materias México trae un enredo digno del laberinto de su identidad, ese lugar donde los mexicanos somos capaces de sostener, al mismo tiempo, lo mismo un barrido que un fregado, o una variante del famoso dicho de Groucho Marx: “Esto es lo que dicen las leyes. Si no les gusta, tenemos otras”.
La Constitución Mexicana obliga a nuestros gobiernos a cumplir mandatos contradictorios entre sí, inconciliables en cualquier parte, menos en el grouchomarxismo legal mexicano.
Pedro Salazar pone como ejemplo la contradicción mayor: El gobierno está obligado constitucionalmente a garantizar la presunción de inocencia. A la vez está facultado, por la misma Constitución, para imponer la llamada prisión preventiva oficiosa, figura penal prohibida internacionalmente, que permite a la autoridad encarcelar a alguien sin juicio, desde luego sin sentencia, si es acusado de cometer alguno de los delitos que el código penal clasifica como dignos de… prisión preventiva oficiosa.
La mitad de los presos de México están en la cárcel porque les han aplicado esta figura inquisitorial, encarnación perfecta de la presunción de culpabilidad.
Si el gobierno de la presidenta Sheinbaum le aplicara a Rocha y Asociados el principio de la prisión preventiva oficiosa, estarían todos los de la lista o encarcelados o prófugos, salvo el senador engolado, que tiene fuero.
Si el gobierno estuviera persiguiendo y encerrando a Rocha y Asociados, estaría cumpliendo con lo que dice la Constitución, estaría cumpliendo con las leyes mexicanas, no con la aceptación arrodillada de una legalidad extranjera injerencista, contraria a la soberanía, etcétera.
Pero el gobierno ha elegido tomar el camino contrario, que también está en la Constitución: defender hasta el pleonasmo el principio de presunción de inocencia, para defender a unos políticos que representan cualquier cosa, menos la dignidad, el orgullo, la decencia o la soberanía de México.