Durante décadas pensamos que, para dirigir una empresa, la clave era tener un buen producto, atraer al mejor talento, innovar más y ejecutar con disciplina. La política era asunto del gobierno. Los negocios, del mercado.
Ese manual ya no describe el mundo en el que operan las empresas mexicanas.
Pregúntenle a Uber, que aprendió que millones de usuarios no bastan para operar si no construye acuerdos con el gobierno. O a Airbnb, que descubrió que su verdadero competidor no eran los hoteles, sino la política de vivienda de las ciudades. Iberdrola sintió en carne propia el giro de la política energética del país y terminó vendiendo 13 plantas al Estado por alrededor de 6 mil millones de dólares. Y Grupo México sabe, quizá mejor que nadie, que una mina puede ser rentable en una hoja de Excel y políticamente inviable en el territorio donde opera.
Estos ejemplos apuntan a una realidad más profunda: las empresas no solo compiten por clientes. También compiten por legitimidad, por influencia y por la capacidad de operar. Son actores políticos. Hoy compiten también en el terreno de las instituciones, la regulación, la opinión pública y las comunidades. Esa dimensión política del negocio se veía como un asunto secundario. Hoy es condición para crecer, invertir y mantener la licencia social para operar.
Eso obliga a replantear el perfil del líder empresarial. No estoy diciendo que el próximo CEO deba convertirse en político o ir a mitines, y mucho menos que su trabajo sea ir a cenar con funcionarios a pedir favores. México sigue pagando un costo demasiado alto por confundir la relación entre empresas y gobierno con tráfico de influencias, corrupción y privilegios. Estoy diciendo algo distinto: el próximo CEO tendrá que entender cómo funciona el poder para competir con integridad, defender sus ideas y participar abiertamente en la construcción del país.
Tendrá que saber leer una conversación pública antes de que se convierta en una iniciativa de ley. Entender por qué una comunidad organizada puede detener un proyecto multimillonario. Anticipar cómo una decisión técnica se convierte, de la noche a la mañana, en un conflicto político. Y tener claro que la confianza social se construye durante años y puede perderse en un fin de semana o una mañanera.
Antes bastaba con tener una buena estrategia de negocio. Ahora ya no alcanza. La política dejó de ser el contexto de los negocios y es parte del negocio.
Entender la política no significa alinearse con el gobierno. Significa entender que cada decisión empresarial también empuja, para bien o para mal, el rumbo del país.
Cada inversión crea o destruye oportunidades. Cada innovación transforma mercados. Cada decisión sobre inteligencia artificial, energía, vivienda o infraestructura termina afectando la vida de millones de mexicanas y mexicanos.
Por eso el próximo CEO no solo tendrá que defender el valor de su empresa. Tendrá que defender una visión de país. Participar en el debate público con argumentos, tomar posición cuando haga falta y entender que quedarse callado también es una decisión política.
Yo sí creo que México necesita empresarios más dispuestos a asumir ese papel. No para sustituir al gobierno ni para pedir privilegios, sino para defender públicamente el país en el que quieren invertir, competir y crear oportunidades. Porque una democracia fuerte no solo necesita buenos gobiernos. También necesita empresas dispuestas a defender, con transparencia y argumentos, la visión de país en la que creen.