Del 29 al 31 de enero se realizó la reunión anual de planeación estratégica de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Nayarit. Los principales dirigentes asistieron, y en el breve comunicado de prensa dejaron en claro “la importancia de fortalecer el trabajo en conjunto para discutir y dar voz al empresariado mexicano, siempre bajo la premisa de aportar al desarrollo social y económico de México”.
Cerraron filas frente a hechos del gobierno y legisladores que no escuchan argumentos y ratificaron que serán jugadores importantes para el país en los próximos meses, al aportar recursos para el desarrollo social y económico, y aplicar políticas que coadyuven al bienestar. Ahí priorizaron los objetivos y estrategias para este 2020 y, como se preveía, apoyaron la gestión de Carlos Salazar Lomelín al frente del CCE.
Habrá que esperar. Hay empresarios muy inconformes que jalan por su cuenta, incluso para reuniones oficiales con representantes del gobierno y con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso el mensaje de unidad es importante. No se describió la agenda común a seguir y defender, pero los temas son variados: etiquetado, medicinas y salud, reforma energética, seguridad, estado de derecho débil, reglas claras, educación, pensiones, obra pública.
Muchos son prioritarios y molestan al gobierno cuando se tratan en público. De ahí la percepción de que el CCE, más que por prudencia, ya no los pone en la mesa para no dar la sensación de perder. Pero ha perdido, como el tema del etiquetado. Coparmex, con Gustavo de Hoyos al frente, es la organización empresarial que da la cara de forma directa.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) describió que en 2019 prevaleció un “ambiente de incertidumbre como consecuencia de políticas públicas y mensajes confusos”, lo que causó espera en las inversiones. La “reducida inversión, tanto privada como pública, ya acumula cuatro trimestres consecutivos con variaciones negativas”.
Explicó que en el caso del sector público, la reducción de la inversión física observada es por mayor presupuesto para programas asistenciales “que aún no cuentan con reglas de operación”, en un entorno de escasez de recursos. Esto “limitó severamente su capacidad de realizar proyectos que elevarían la productividad del país, además de crear empleos y ser importante catalizador de la inversión privada”.
La incertidumbre se mantiene. El nivel de inversiones en enero no se notó. En este mes se conocerán las nuevas reglas de inversión para los empresarios en el sector energético, y sí, hay que remarcarlo, las expectativas de participación son bajas por los mensajes políticos de que el empresariado es corrupto y solo quiere el control de la riqueza petrolera.
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