El concurso para la construcción de la tercera fase del parque fotovoltaico de Puerto Peñasco sigue enredado y cuestionado. Primero, de siete propuestas iniciales se descartaron tres de forma anticipada por temas de garantías; el jueves fue el proceso de apertura de propuestas económicas, pero no se dieron a conocer y se eliminaron otros tres participantes. Quedó uno, y el miércoles se decidirá al ganador o se repondrá el proceso.
Este es uno de los proyectos insignia en energías limpias con una capacidad de generación de 300 MW de la llamada 4T y una inversión estimada en 327 millones de dólares, que se promovió desde principios de año. Se suspendió más de cinco meses y se reactivó bajo el Sistema de Contratación de Esquemas Especiales cuya base legal, alcances y criterios no han sido claramente informados.
Hay versiones de supuestas presiones para hacer a un lado a los participantes y allanar el camino a una sola propuesta en la fase económica. Se eliminó a algunos consorcios con amplia experiencia internacional en energía fotovoltaica. Dos de tenían de acompañamiento a empresas chinas.
Durante la administración de Emilia Calleja Alor en la CFE se ha denunciado supuesto tráfico de influencias y nepotismo. En este caso concreto se comenta en los pasillos de la CFE que la prima de la directora, Mercedes Alor, presuntamente es la que impulsa uno de los consorcios, donde figura el nombre de Manuel, Meme, Garza González, quien forma parte de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego.
El único grupo que quedó vivo en el concurso es liderado por la empresa Eléctrica Aselco, donde es socio Garza González; se sabe que este consorcio no pudo comprobar experiencia en proyectos de esta magnitud, y en el acta de apertura económica tampoco se hizo público el monto ofertado, un dato esencial para garantizar competencia y rendición de cuentas.
Cuarto de junto
La Canaco CdMx que preside Vicente Gutiérrez Camposeco, lo dijo con claridad frente a la revisión del T-MEC: en México se deben atender “los problemas estructurales internos de larga data como la inseguridad pública que encarece y entorpece la operación de los negocios, la incertidumbre regulatoria, la falta de certeza jurídica que debilita la confianza en contratos y acuerdos, y las deficiencias en infraestructura que limitan la competitividad. Todo genera desconfianza entre los inversionistas”.