Las remesas en 2024 provenientes de Texas y California sumaron 29 mil 414 millones de dólares y representaron 47 por ciento del total recibido en México desde Estados Unidos; el promedio de envíos fue de 385 dólares. Esto cobra importancia porque ayer Andrea M. Gacki, titular de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés), ordenó a las empresas de servicios monetarios de siete condados de esos estados que informen y conserven registros de transacciones o transferencias en moneda de 200 a 10 mil dólares, y verifiquen la identidad de las personas.
La orden va para instituciones financieras y comercios de condados de Imperial y San Diego en California; Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb en Texas. Se tiene que registrar “cada depósito, retiro, cambio de moneda u otro pago o transferencia”, el número de cuenta de la tarjeta de crédito y la licencia de conducir del cliente; se prohíbe la mera anotación de ‘cliente conocido’ o ‘tarjeta de firma bancaria registrada’.
“La emisión de esta Orden de Focalización Geográfica subraya nuestra profunda preocupación por el riesgo significativo para el sistema financiero de EU de los cárteles, los narcotraficantes y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste”, dijo el titular del Tesoro, Scott Bessent. Son acciones para congelar los flujos de estas organizaciones, aunque sin duda afectará el envío de remesas.
Sorprende la decisión, igual que la denuncia hecha en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de que en el rico municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, los empresarios son extorsionados por funcionarios a cambio de protección. Se presume que José Luis Kuri, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, encabeza los ilícitos junto con Omar Ibarra, su jefe de escoltas, y el director de tránsito, Lorenzo Pruneda.
Cuarto de junto
Es cierto, gracias a las negociaciones de Claudia Sheinbaum con Donald Trump, Canadá puede respirar y no estar sujeto por lo pronto a 25 por ciento de aranceles en general… La Secretaría de Transporte de Jalisco, a cargo de Diego Monraz, eliminó más de 114 mil multas vehiculares sin justificación legal en 2023, un daño patrimonial de 106 millones de pesos; hay sospechas de posible corrupción. Además, en Tonalá la FGR investiga el almacenamiento ilegal de 31 mil litros de dísel en instalaciones del Peribús.