M+.- Es explicable el deseo del gobierno de garantizar los derechos de las audiencias a ser informadas y no desinformadas y a cuidar la calidad de la conversación pública. Ninguna vida democrática es sustantiva si los ciudadanos forman su opinión con datos equivocados y distorsionados a partir de los intereses políticos y comerciales de quienes dominan los medios de comunicación. Después de todo, los concesionarios de radio y televisión hacen uso de un espacio público que pertenece a todos y, en ese sentido, la sociedad tiene el derecho y la obligación de exigir que se utilice de manera responsable y en beneficio del interés común. Pero también es explicable la preocupación de muchos, ajenos o adversos al proyecto político del gobierno de la 4T, de que una instancia dominada por esta fuerza política esté en condiciones de dictaminar y sancionar los contenidos de los medios electrónicos para favorecer a sus intereses o evitar opiniones y análisis críticos.
Las dos partes tendrían argumentos para ilustrar su preocupación. Los abusos y amarillismos o la impunidad para dañar reputaciones por parte de comunicadores de radio y televisión están a la vista. Pero también lo están los ejemplos de la manera en que miembros de Morena en el Congreso, en las gubernaturas o en la Suprema Corte han utilizado su posición de manera facciosa o autoritaria. La posibilidad de que personas como Adán Augusto López, Cuitláhuac García (exgobernador de Veracruz) o Lenia Batres (la “ministra del pueblo”) estén en condiciones de determinar qué puede criticarse o no, francamente tendría que preocupar a cualquiera. Y no digo que serían ellos precisamente quienes ocuparían esas posiciones en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), sino simplemente que el gobierno no está en condiciones de garantizar que personajes de esta tesitura no lleguen a posiciones de poder.
Frente a tales riesgos, algunos analistas consideran que el tema es tan delicado que lo más prudente es declinar y olvidar esta iniciativa. No coincido, porque por más que lo hayamos “normalizado” habría que considerar que la verdadera explicación para la emergencia de los Trumps y Mileis, es decir, la crisis por la que pasan los sistemas democráticos, reside en gran medida en la manera en que los medios han contribuido a forjar una opinión pública desinformada e irresponsable.
La pregunta es cómo hacer algo para mejorar los contenidos o hacerlos mínimamente responsables, sin dar un instrumento de control a la fuerza política gobernante, cualquiera que ella sea. Incluso aquellos que consideran que Morena haría buen uso de tales atribuciones, no pueden descartar el peligro que supondría una herramienta como esta en manos de otro gobierno y con un Milei o un De la Espriella al frente.
¿Existe tal riesgo en la propuesta que ha puesto en consideración el gobierno de Claudia Sheinbaum? Una lectura a profundidad deja sensaciones encontradas. La mayor parte del texto muestra una intención explícita de los redactores para minimizar este peligro. No solo es de forma: el reglamento plantea que serían los propios concesionarios quienes elaborarían su código de ética y nombrarían al defensor de audiencia para responder y procesar los cuestionamientos de parte del público. El derecho de réplica para personas afectadas por una cobertura pasa por la consideración de ese defensor designado por el propio medio.
El problema de fondo reside en el hecho de que en última instancia las controversias serán falladas por la Comisión. Sobra decir que algunos puntos del “derecho de las audiencias” son por demás subjetivas: dónde termina la información y comienza la opinión; en qué punto una expresión es o no discriminatoria; la exigencia de que la información incorpore un contexto conlleva una valoración de lo que es un contexto correcto. Las multas consideradas por este proyecto podrían alcanzar hasta un 1 por ciento de los ingresos acumulables de la concesionaria. En el peor de los escenarios bastaría una camarilla orquestada de quejosos y una CRT con sesgos oficialistas para sacar del aire a un medio incómodo. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones está formada por cinco miembros designados por mayoría simple en el Senado a partir de una propuesta de la presidencia. En otras palabras, gobierne quien gobierne se trata de una comisión vinculada a la fuerza política en el poder.
Me parece que aquí reside el principal problema. Para una sociedad es demasiado arriesgado dar atribuciones legales al soberano para definir o acotar potencialmente los contenidos políticos de los medios o eliminar una cobertura crítica. No se trata de concluir si Claudia Sheinbaum lo utilizaría de esa manera o no (personalmente no lo creo), sino de valorar los límites del poder político en materia de información y pluralidad, independientemente de quién ocupe la silla presidencial. Pero esto no significa que no debamos hacer algo al respecto. También es dañino que un puñado de concesionarios millonarios definan los contenidos que nutren la conversación pública.
Me habría gustado que los responsables de esta propuesta la hubiesen redactado pensando en la posibilidad de otro contexto político, por ejemplo, con un presidente priista o panista. ¿Cómo defender el derecho de las audiencias sin convertirlo en atribución del soberano y sin poner en riesgo la libertad y la pluralidad? Un texto así tendría que reconsiderar la manera en que se designa la Comisión, o crear una distinta con carácter más independiente. Y desde luego sin los enormes “dientes” para sancionar unilateralmente la existencia misma de los medios. Todavía estamos a tiempo.
En realidad, la mayor parte de los contenidos del proyecto de ley son razonables. Solo bastaría hacer los ajustes que contemplen la posibilidad de que los que la han redactado un día ya no estén en Palacio.