M+.- Toda estrategia de comunicación es hija de su circunstancia. La que impulsó Andrés Manuel López Obrador para tomar el poder y conservarlo requirió una confrontación directa con los intereses creados contrarios al proyecto de país que planteaba su movimiento. Para alguien convencido de haber sido despojado de la presidencia por el sistema y quienes lo controlaban, la única posibilidad residía en mantener el apoyo popular masivo y activo, y a falta de resultados en los primeros años, la mejor manera de conseguir ese apoyo era una narrativa intensa y combativa. Hacer sentir a las mayorías dejadas atrás que había un gobierno que hablaba en su nombre y señalaba a los culpables del atraso del que eran víctimas. No se trataba de una ocurrencia o del desfogue de un agravio, sino de un recurso político. Funcionó.
Por su parte, en su primer año de gobierno Claudia Sheinbaum necesitó algo de eso. Si bien recibió el bastón de mando para tutelar el movimiento, existían liderazgos alternativos que se sentían con derecho a disputarlo o acechaban la posibilidad de un tropiezo. Buena parte de la comunicación durante su primera etapa iba dirigida a su propia militancia. Y lo consiguió. Hoy los dos objetivos se han logrado. El gobierno de la 4T ha generado una fuerza política que no existía desde hace 50 años. Controla el Poder Legislativo, tiene un peso decisivo en el Judicial y, además de la administración pública federal, tiene mayoría en los estados y en sus congresos. La oposición formal ha dejado de ser un riesgo significativo. La 4T carece, pues, de un adversario capaz de detenerla. El verdadero peligro es no poder cumplir la responsabilidad asumida frente a las mayorías y sus amplias expectativas de prosperidad y bienestar.
No voy a detenerme en los logros sociales del primer sexenio, son innegables. Basta dar cuenta de una cifra: la pobreza se redujo de 41.9 a 29.6 por ciento de la población en apenas seis años. Unos 13.4 millones de mexicanos dejaron esa condición. Se consiguió gracias a incrementos espectaculares del salario mínimo y a una derrama social sustancial por parte del Estado. El problema es que la hazaña no podrá seguir reproduciéndose en la misma escala. El salario mínimo ha crecido a costa de la brecha obscena que se había abierto en 35 años de castigo a las remuneraciones de los trabajadores, pero esa brecha se está cerrando y en algún punto comenzará a afectar los márgenes de rendimiento de la inversión destinada al empleo. Y en cuanto a la derrama social, es evidente que las finanzas del Estado han encontrado un límite y tendrán dificultades para sostener el compromiso asumido, ya no digamos ampliarlo.
Las cifras son apabullantes: el salario promedio de un trabajador del IMSS ronda los 20 mil pesos mensuales. La pensión de los adultos mayores asciende a poco más de 3 mil pesos. No hay Estado, por poderoso que sea, que pueda generar transferencias cercanas a eso a millones de mexicanos. Solo el empleo formal es capaz de hacerlo.
La conclusión es evidente. La única manera de sostener las banderas de un modelo distributivo es mediante la inversión que genere empleos bien remunerados. Obviamente tutelados por un Estado que asegure que la riqueza creada se traduzca en beneficios para las mayorías y no reproduzca estructuras de desigualdad. Eso de alguna forma la 4T lo ha garantizado mediante reformas constitucionales: la creación de riqueza producirá un efecto de derrama. Lo que falta es generar esa riqueza. En este momento no lo estamos logrando, o apenas comienza a asomarse esa posibilidad. La expectativa de movilidad que la propia 4T sembró en millones de hogares corre el riesgo de convertirse en frustración.
Lo cual nos regresa al tema de la comunicación por parte del gobierno. La inversión depende de la confianza y la certidumbre: jurídica, institucional, estabilidad social, reglas claras y previsibles. Allí es donde el discurso polarizante adquiere rendimientos decrecientes. Frente a un adversario desarticulado, el costo de polarizar supera los beneficios. Ya no suma votos, pero sí resta inversiones.
Las derrotas de los gobiernos populares progresistas en América Latina dejan una lección evidente: después de un impacto favorable en el bienestar general, su incapacidad para hacer sustentable la prosperidad desencantó a muchos. Pasado un punto, la población exige resultados y es allí donde habrá de cifrarse el éxito o el fracaso de la 4T. No en el número de años que se mantenga en el poder, sino en la posibilidad de conciliar distribución con crecimiento.
No se trata de renunciar a la identidad del movimiento ni de abandonar la defensa de los intereses populares, sino de utilizar el “Por el bien de todos, primero los pobres” como una convocatoria válida, no como una mojonera para dividir a buenos y malos. La 4T tendría que confiar en sus propios argumentos y logros. México podría ser el primer país en mucho tiempo capaz de conciliar distribución con crecimiento; una hazaña.
Una comunicación de la segunda etapa tendría que poner menos énfasis en la construcción de enemigos y mucho más en los puentes de unidad que puedan tenderse. Menos trinchera y más convocatoria. El obradorismo ganó la batalla política; ahora le toca ganar la batalla económica, y esa, a diferencia de la primera, no se gana contra nadie. Se gana con todos.