M+.- Definir quiénes serán los candidatos a gobernador nunca ha sido un proceso sencillo para el poder central. Las fuerzas locales poseen inercias, intereses y liderazgos que muchas veces escapan al control de Palacio Nacional o de una dirigencia partidista asentada en la Ciudad de México. Carlos Salinas pudo hacerlo en los estertores del viejo presidencialismo al deponer a 14 mandatarios estatales, pero la desestabilización que provocó en tantas “matrias” explica en parte los triunfos posteriores del PAN en el territorio y, seis años después, la pérdida de la Presidencia para el PRI. Ernesto Zedillo ya no pudo siquiera remover al único gobernador al que intentó desplazar: Roberto Madrazo en Tabasco.
Por más que nos obsesionamos con mirar al poder desde el centro, resulta imposible entender la política mexicana sin atender las idiosincrasias, los liderazgos y las correlaciones de fuerza que fragmentan el mapa nacional. La historia del país puede leerse como una tensión permanente entre el centro y las regiones: la Independencia, la Reforma y la Revolución fueron, en buena medida, rebeliones territoriales contra un poder centralizador. Incluso el triunfo del PAN en el año 2000, que puso fin a la hegemonía presidencial del PRI, no se explica sin lo que antes había ocurrido en el norte y el Bajío.
Si no se entiende ese contexto, se corre el riesgo de malinterpretar el proceso que vive Morena para designar candidatos en las 17 entidades que estarán en disputa el próximo verano. En la medida en que la casaca de este partido es hoy la vía más segura de acceso al poder en la mayoría de los estados, los liderazgos locales están obligados a negociar con la dirigencia nacional. Pero esta, a su vez, necesita de esos cuadros regionales para confirmar el triunfo del partido. Un desajuste grave puede provocar dos extremos peligrosos: perder la elección ante un aspirante popular que, inconforme, se lance por otra fuerza política; o entregar la candidatura a un personaje “invencible”, pero ajeno a las banderas de Morena o potencialmente dañino para ellas. El caso de Cuauhtémoc Blanco, en Morelos, sigue siendo el ejemplo más evidente.
El tema se complica porque en la mayoría de los casos hay un gobernador de Morena que durante seis años ha ejercido el poder político local y es el primer interesado en colocar a su propio delfín. Salvo excepciones, para el centro resulta muy difícil competir con esa inercia o neutralizarla, a menos de que existan rivales de peso dentro o fuera del círculo del mandatario. En la práctica, la selección de candidatos termina siendo una mezcla de tres variables: las encuestas, que miden posibilidades reales en las urnas; las propuestas de los grupos locales, encabezadas casi siempre por el gobernador en turno; y las preferencias del centro. Mi impresión es que, salvo en un par de entidades, el papel de Claudia Sheinbaum, a través de la dirigencia de Morena, se limitó a vetar algunos casos impresentables, impulsar alguna candidatura deseable y poco más.
En la mayoría de los estados quedaron aspirantes surgidos de las encuestas e impulsados por los gobernadores, siempre y cuando recibieran el visto bueno de Palacio Nacional. Es mi interpretación. La Presidenta intentó conciliar dos criterios que no siempre son armónicos: evitar campos minados en las arenas políticas locales (lo cual implica no desafiar del todo a los liderazgos regionales) e impedir, al mismo tiempo, el ascenso de títeres obvios o cuadros indeseables. El margen de maniobra de una Presidencia no va mucho más allá de eso desde hace décadas.
Es un error medir la fortaleza de un presidente según su capacidad para “designar” gobernadores. Se trata de una perspectiva irreal y anacrónica. Se dice que López Obrador sí pudo hacerlo y Sheinbaum no, y de ahí se concluye que la Presidencia se debilitó. Pero hay una diferencia sustancial que impide una comparación tan simple. López Obrador vivió una situación inédita: Morena federal eligió candidatos por primera vez sin enfrentar, en la mayoría de los casos, a gobernadores de su propio partido que controlaran las estructuras locales. Tenía una marca ganadora y popular que los cuadros regionales codiciaban, y eso propició un terreno de negociación muy favorable. Seis años después, la situación es otra.
El balance de los 17 candidatos de Morena es de claroscuros: mejor en unos casos que en otros y, en algunos, de plano se optó por el mal menor. Por ejemplo, en Chihuahua, donde competían corrientes que la Presidenta no desea fortalecer y personajes locales cuyo pasado despierta dudas. La política real no siempre consiste en tomar la decisión ideal, sino la menos inconveniente dentro de una ecuación regional cargada de presiones.
El verdadero impacto se conocerá en las urnas y, después, en el ejercicio del poder. Pero no puede hablarse de fracaso de Palacio cuando lo que se buscaba era asumir las realidades de un territorio lleno de matices y evitar que la frustración natural de los perdedores se convirtiera en ruptura. Me parece que, pese a los deseos de algunos críticos, Sheinbaum lo ha conseguido razonablemente.
El problema de las lecturas erróneas es que impiden diagnósticos realistas sobre la fortaleza o la debilidad de la 4T. Las ganas de encontrar signos de declinación en Morena, o indicios de una fractura insuperable, han incapacitado a la crítica y a la oposición para entender por qué ese movimiento sigue gobernando. Ya son ocho años de esperar el escándalo de la semana que provoque el derrumbe definitivo. Esa obsesión retrasa la tarea verdaderamente importante: construir alternativas políticas capaces de disputar la hegemonía de Morena en el territorio, no sólo en el discurso. Por lo pronto, los verdaderos contrapesos los ofrece la geografía; en este caso, el poder de los gobernadores, que en realidad nunca se fueron.