M+.- Entre los muchos datos que dejaron las elecciones intermedias del martes 3 de noviembre en Estados Unidos hubo uno que pasó casi inadvertido y que a nosotros debería importarnos más que el reparto de escaños en el Congreso. De acuerdo con Ballotpedia, en 40 de las 41 consultas locales sobre centros de datos los votantes se inclinaron por ponerles más restricciones. Y no se trató de un asunto de demócratas contra republicanos: las votaciones tuvieron lugar en una decena de estados y el rechazo atravesó las líneas partidistas.
Las razones son bastante terrenales. Se estima que el rechazo de las comunidades ha tumbado proyectos con valor de más de 260 mil millones de dólares; temen que la luz y el agua se encarezcan o, peor, que les sean arrebatados a los vecinos. Jan Hatzius, economista jefe de Goldman Sachs, calcula que los estados donde los demócratas tenderán a restringirlos más, concentran alrededor de 45 por ciento de la capacidad planeada en el país.
Existe el consenso de que la inteligencia artificial será el eje que vertebre la economía del inmediato futuro; lo que fue el petróleo hace un siglo. Y esa demanda no se detendrá por unas cuantas votaciones municipales. Si los servidores no pueden colocarse en Ohio o Wisconsin, lo harán en otro sitio. ¿Por qué no del otro lado de la frontera?
México tiene sólidos argumentos de venta. Además de la cercanía, contamos con un horario similar y un tratado comercial vigente que facilita las cosas. En cierta forma esa industria ya está aquí. Las razones que nos han llevado a ser el principal abastecedor externo de la industria de la computación en Estados Unidos son las que pueden llevarnos a convertirnos en una plaza estratégica para los centros de datos. La Asociación Mexicana de Data Centers estima que entre 2026 y 2031 puede invertirse en el país 82 mil 500 millones de dólares en el sector.
Tampoco se trata de abrir la puerta de par en par. Querétaro es el ejemplo de lo que no habría que repetir: un estado semidesértico donde el secretario de Desarrollo Sustentable ha admitido que la infraestructura para estos centros ha provocado apagones, y donde el agua para la población escasea. Sheinbaum ha expresado reservas; en agosto dijo que “no necesariamente México debe ser el centro de datos de otros lugares del mundo” por el consumo de energía y agua. Tiene razón en la preocupación, aunque no necesariamente en la conclusión. La pregunta es dónde y en qué condiciones. El sureste necesita empleos y posee agua en abundancia; en el norte carecemos de agua, pero es campo fértil para la energía solar. Puede exigirse a las empresas que produzcan su electricidad, en proyectos conjuntos, en lugar de pelearle los megawatts a hogares y fábricas, y que paguen a las comunidades lo que corresponde. No se trata de permitirles hambrear a la población o devastar los recursos naturales, sino de aprovechar nuestras ventajas comparativas.
¿Por qué México?
El tema decisivo es otro. México cuenta con algo que pocos países tienen: un gobierno con enorme capacidad política, social y jurídica para sacar adelante proyectos estratégicos. Algo de lo que carece buena parte del hemisferio occidental. En China un centro de datos se levanta en unos seis meses; en Estados Unidos tarda de dos a tres años, no por la obra, sino por los trámites. Conectarlo a la red eléctrica es más revelador: en China el permiso tarda de tres a seis meses para usuarios industriales; en Estados Unidos, de 6 a 18 meses, más una espera para la interconexión de cinco a siete años. No es un problema tecnológico, sino de la capacidad del Estado para decidir y poner en marcha.
Ningún gobierno del continente tiene el respaldo popular y el margen de maniobra político que posee el de Claudia Sheinbaum. Negociar con una comunidad, resolver un conflicto por la tierra, destinar presupuesto para llevar agua, energía o caminos a un proyecto, son tareas que en gobiernos débiles, o atrapados entre instancias con capacidad de veto, pueden tomar años o no llegar nunca. Aquí pueden resolverse en plazos que cualquier inversionista agradecería. Y no por atropello: su legitimidad permite al gobierno ofrecer a las comunidades un trato creíble.
Ahí hay una oportunidad para las élites de este país, que durante años han visto en la concentración de poder de Morena una amenaza. Considerando que el escenario más probable es que esta fuerza política gobierne otros 10 años, no es mala estrategia convertir una desventaja en ventaja: la existencia de un Estado capaz de garantizar lo que el mercado por sí solo no puede ofrecer, es decir, certeza, rapidez e infraestructura.
Se dirá que es un error entregarnos a un fenómeno tan cuestionable como la proliferación de los centros de datos, con su voracidad de agua y de energía. A mí me parece que el asunto es otro: se van a construir con nosotros o sin nosotros. Y mientras tanto, el Estado mexicano está llegando al límite de sus posibilidades financieras y de endeudamiento para seguir ampliando los programas sociales y los recursos destinados a sacar a la gente de la pobreza. Lo que siga tendrá que salir del crecimiento económico, no hay de otra. La ubicación de estos centros, y de las cadenas productivas que arrastran consigo, terminará por dividir a los países entre los que participaron y los que solo fueron testigos y, más tarde, consumidores dependientes. No conozco mayor urgencia que ofrecer emptleo y polos de crecimiento con efectos multiplicadores en las regiones más atrasadas del país.
Los vecinos de Ohio y de Maine no votaron contra la tecnología. Votaron contra el hecho de cargar con los costos sin ver los beneficios, frente a un sistema político incapaz de ofrecerles garantías. México podría proporcionar justamente lo contrario. Sheinbaum tiene en sus manos la posibilidad de plantear una estrategia razonable, con beneficios que se repartan de manera horizontal, antes de que estas inversiones terminen por instalarse en India o en Vietnam. Que los estadunidenses no quieran estos servidores en su patio puede ser una gran noticia para nosotros, siempre y cuando no cometamos la torpeza de dejarla pasar.