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Salud pública, las cifras y el ruido

Ciudad de México /
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M+.- ¿En dónde estamos entre Dinamarca y Somalia en materia de salud pública? ¿Lo que está haciendo el gobierno es tan malo como lo pinta la prensa crítica o tan bueno como se afirma en las Mañaneras? La respuesta rápida es que es una cosa u otra dependiendo de a quién prefiera usted escuchar, porque hay cifras para todo. Sin embargo, en los últimos días se presentaron dos ejercicios de balance que quisieron tomárselo en serio. Por un lado, Salud quebrada, el informe que el 9 de noviembre ofrecieron investigadores de El Colegio de México, el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Cancerología. Un diagnóstico a fondo con aciertos a la vista, aunque con limitaciones de método y disponibilidad de información. En algunos puntos, pocos, destaca los esfuerzos realizados por el gobierno, pero en general constituye una dura radiografía de lo mucho que falta por hacer. El problema es que muy pocos leyeron el informe en cuestión, pero muchos dieron difusión exclusivamente a los cuestionamientos más duros, los descontextualizaron y lo convirtieron en una condena categórica a la estrategia de salud pública del actual gobierno.

Días más tarde, el IMSS respondió con un posicionamiento detallado que, por fortuna, no optó por la defensa centrada en descalificar al mensajero, tan frecuente por parte del gobierno. En este caso discutió fuentes, cifras y métodos. En conjunto, los dos documentos ofrecen una visión, contrastada pero argumentada, de lo que en realidad puede estar pasando.


Comencemos por el documento crítico, Salud quebrada. El trabajo de Octavio Gómez Dantés, Edson Serván Mori, Diego Cerecero, Laura Flamand y Alejandro Mohar es sobre todo un análisis sobre dinero y sobre la estructura fragmentada en la que ha operado el sistema de salud en México. El país destina a esta materia apenas 2.8 por ciento del PIB, menos de la mitad de lo que recomienda la OMS. El índice de “mortalidad evitable” es casi el doble que el promedio de los países de la OCDE. Y en materia de fragmentación da cuenta de que desde 1943 el sistema nació partido en pedazos: un derechohabiente del IMSS, un burócrata afiliado al Issste y un jornalero sin seguridad social habitan tres países sanitarios distintos. Todo esto es cierto, y el IMSS no lo discute. Pero se trata de problemas estructurales que no han sido resueltos independientemente de quién gobierne: en al menos quince años la inversión pública en salud nunca ha superado el 3 por ciento del PIB, y en el último año de Peña Nieto llegó a caer a 2.3 por ciento. Hasta aquí la falta de los gobiernos de la 4T no es distinta al comportamiento histórico.

Lo que sí es imputable a la 4T, en su primer sexenio, y el informe lo señala, es la desaparición del Seguro Popular y la aventura del Insabi, que duró unos 40 meses. Ese desmantelamiento dejó a millones de personas a la intemperie. Según el informe, los hogares sin aseguramiento pasaron de 8.3 por ciento en 2016 a 31.4 por ciento en 2024; en los municipios más pobres, de 6.2 por ciento a 62.7 por ciento.

El problema es que casi todas las cifras duras de Salud quebrada terminan en 2022 o 2024: la caída de la cobertura, el gasto excesivo de los hogares en salud, la precariedad del personal, el pico de la mortalidad materna. Esencialmente retratan el sexenio de López Obrador, coincidente, además, con la pandemia. Prácticamente lo único que aborda del gobierno de Claudia Sheinbaum es el gasto por persona en 2025 y el anuncio del Servicio Universal de Salud, que solo menciona y no evalúa. Poco o nada señala sobre las acciones que ha tomado para formar y contratar especialistas, la estandarización de protocolos entre instituciones y la recuperación de indicadores en el IMSS.

Hay razones que lo explican: se trata de una investigación de cuatro años, y las estadísticas oficiales se publican con uno o dos años de rezago. El problema es que la oposición lo convirtió en munición al presentarlo como una evaluación del gobierno actual. Salud quebrada es, en el fondo, la radiografía de un enfermo que esta administración intenta sanar.

El desfase es más claro en el caso del IMSS, cuya defensa ofrece una lectura detallada. La acusación más grave gira en torno a la mortalidad materna, pero el Seguro Social afirma que se metieron en la misma canasta datos de todas las instituciones de seguridad social y que el pico se tomó en el contexto de la pandemia. El instituto sostiene que desde entonces se ha corregido y que en 2025 se ubicó en 27.9 por cada 100 mil nacimientos, por debajo de los niveles del año 2000. Su cifra, es cierto, no incluye las muertes tardías, que en la población asegurada son casi un tercio del total; justamente por eso el IMSS pide, con razón, datos desagregados por institución.

Quizá más grave es el malentendido sobre el tema de personal. El reporte de los académicos asegura que tres de cada cuatro médicos trabajan en condiciones precarias; y, si bien reconoce que son cifras tomadas de encuestas a todos los médicos del país, y no solo de las instituciones oficiales, termina convirtiéndolo en un problema atribuido al gobierno a pesar de reconocer que la precariedad es mayor en el sector privado. Lo cierto es que en el IMSS existe un contrato colectivo, seguridad social y prestaciones. Salud quebrada tampoco da cuenta de la destacada actividad del IMSS en esta materia en los últimos años: 109 mil trabajadores incorporados desde 2019, entre ellos 39 mil especialistas; residentes que pasaron de 13 mil a más de 25 mil, y aumentos salariales de 8 por ciento anual en lo que va del sexenio de Sheinbaum. Nada de esto borra el malestar, y allí están las marchas de trabajadores del IMSS en octubre para comprobarlo, pero la tendencia apunta en sentido contrario al que sugiere el informe.

El tercer tema es la diabetes. El informe afirma que sólo 33 por ciento de los diabéticos del país tiene su enfermedad bajo control. El IMSS responde que mide con la prueba más exigente, la hemoglobina glucosilada, a 2.1 millones de pacientes, y que la mitad está controlada. No son cifras comparables, como admite el propio instituto, pero lo colocan más cerca de los países de ingresos altos que del promedio nacional.


Con todo, hay algo que la respuesta del IMSS no puede resolver, porque no le corresponde. Es cierto el diagnóstico de fondo: el sistema recibe menos recursos de los que requiere, está excesivamente fragmentado y arrojaba 44.5 millones de personas sin acceso a servicios de salud en 2024. Pero buena parte de lo que ahora se está haciendo ataca a esos problemas: el Servicio Universal de Salud, que arranca en enero con credencial única, el expediente electrónico por paciente transversal entre instituciones y las tarifas compartidas. El informe lo reconoce, pero advierte que sin dinero adicional será una buena arquitectura con poco ladrillo. El gobierno de Claudia Sheinbaum subió el presupuesto de salud para 2027 en 10.6 por ciento. No está mal, pero apenas representará 2.9 por ciento del PIB: el nivel más alto en al menos quince años, lo cual no es mucho decir ni significa que vaya a alcanzar.

Pensándolo bien, el saldo de este cruce es menos un empate que una división del trabajo. El informe acierta en la radiografía general del sistema y en su exigencia presupuestal, pero es una fotografía que ha envejecido rápido por la dinámica que ha imprimido el actual gobierno; el IMSS demuestra que, dentro de esa salud quebrada, hay un órgano que se está recuperando, con más médicos, mejores indicadores y protocolos comunes que van en la dirección correcta.

La mejor noticia es que, al menos por un instante, el debate dejó atrás los epítetos y las etiquetas desproporcionadas sobre Dinamarca y Somalia para centrarse en el análisis y las cifras. Necesitaremos muchos más debates como este.


  • Jorge Zepeda Patterson
  • Escritor y Periodista, Columnista en Milenio Diario todos los martes y jueves con "Pensándolo bien" / Autor de Amos de Mexico, Los Corruptores, Milena, Muerte Contrarreloj
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