M+.- Se dice que Diógenes recorría Atenas a plena luz del día con una lámpara encendida en busca de un hombre honesto (no lo encontró). Claudia Sheinbaum tendrá que intentar algo parecido en las próximas semanas, cuando deba elegirse una nueva cabeza para el INE, tras la renuncia de Guadalupe Taddei por los escándalos conocidos. Aunque con una diferencia respecto a Diógenes: a Claudia no le basta con encontrarlo; primero tendrá que querer hacerlo. O, dicho de otra manera, plantearse a sí misma cuánto de jefa de Estado está dispuesta a ser y cuánto de jefa de un movimiento político en el poder.
En su momento, Andrés Manuel López Obrador se inclinó por lo segundo. Y es parte del precio que hoy pagamos. Guadalupe Taddei llegó por tómbola en 2023 porque la 4T carecía de la mayoría constitucional para imponer un perfil afín, pero le alcanzaba para asegurar que todos los finalistas lo fueran. Primó la lealtad sobre las capacidades técnicas o la honestidad. La imparcialidad, lejos de ser requisito, habría constituido un estorbo. Durante años, López Obrador tuvo razones para convencerse de que el INE, y antes el IFE, habían operado contra su movimiento. En la primera oportunidad invirtió el proceso.
Tres años más tarde, las circunstancias ponen a Claudia Sheinbaum ante la difícil tesitura de impulsar un criterio u otro. ¿Jefa de Estado o líder de un proyecto? No es una diferencia retórica. Una jefa de Estado entiende que el árbitro electoral pertenece a todos. Busca a alguien cuya imparcialidad sea reconocible incluso para sus adversarios, aun sabiendo que, tarde o temprano, tomará decisiones incómodas para Palacio. La jefa de un movimiento, en cambio, razona con la lógica de la trinchera: ante una elección cerrada, un conflicto poselectoral o cualquier momento de tensión, conviene tener al frente del Consejo General a alguien que entienda “la causa”. Lo segundo es comprensible. Lo primero distingue a un estadista.
Que nadie se llame a engaño sobre el procedimiento para designar a la nueva cabeza del INE, que tendrá lugar en la Cámara de Diputados. Está revestido de protocolos solemnes que escucharemos en los próximos días. Pero la votación final, que exige dos terceras partes de los diputados presentes, estará bajo el control de Morena y sus aliados, por más pluralidad que se escenifique en el camino.
Sería ingenuo creer otra cosa. Y más ingenuo todavía, suponer que los legisladores de Morena votarán según su leal saber y entender, al margen de los criterios, si no es que de los nombres, emanados de Palacio Nacional. Así ha sucedido en las grandes decisiones de esta Legislatura. La pelota, guste o no, está en la cancha de la Presidenta.
No será un dilema sencillo para Sheinbaum. A favor de la ruta de un candidato “empático”, por decirlo de alguna manera, pesa la inercia de quien siente haber recibido la responsabilidad de cuidar y mantener un proyecto de país favorable a las mayorías. Esto llevaría a privilegiar un INE que, llegado el caso, interprete tensiones y conflictos con una mirada comprensiva hacia los intereses del movimiento.
Por el contrario, la ruta de estadista ofrece otras consideraciones. La noción de que la 4T puede salir de la trinchera de la polarización y asumir que su proyecto, en la versión del segundo piso, es capaz de construir reglas justas y árbitros imparciales, confiada en tener argumentos para vencer en las urnas a otras visiones de país. Desde luego, sería una apuesta e implicaría riesgos, pero quedarían compensados por la legitimidad que obtendría un gobierno empeñado en convencer a la iniciativa privada de creer en un México para todos, aunque dirigido por su movimiento. Y eso por no hablar de la credibilidad ante los mercados y la comunidad internacional.
Pero optar por esta última vía nos regresa a Diógenes: ¿podemos encontrar a esa persona? El problema no son los requisitos: ser mexicano por nacimiento, tener más de 30 años, contar con un título profesional de al menos diez años de antigüedad, poseer conocimientos electorales, gozar de buena reputación y no haber sido candidato, dirigente partidista ni secretario o subsecretario de Estado en los cuatro años previos. El problema reside en la polarización que hemos vivido.
Me explico. En el México de hoy, casi cualquier persona con trayectoria suficiente para dirigir el INE ha dejado huella en alguna de las dos orillas. El candidato ideal tendría experiencia electoral, pero no un historial de guerra; gozaría de respeto en ambos bandos sin deberle nada a ninguno. Una especie en peligro de extinción, sí, pero no extinta. Hay consejeros locales con trayectorias limpias, juristas electorales que han fallado contra unos y otros, y académicos que han criticado tanto los excesos del viejo régimen como los del nuevo. No abundan, pero para una quinteta bastan cinco.
Y quizá no sea cuestión estrictamente de llegar a acuerdos con la oposición, hoy en manos de dirigencias intransitables, cuya agenda consiste en salvarse a sí mismas. Se trataría, más bien, de buscar consensos entre otros actores sociales: empresarios, academia y organismos internacionales. Si de San Lázaro surge un incondicional, la Presidenta habrá elegido gobernar para los suyos. Y la factura nos llegará a todos la noche de una elección cerrada. En cambio, apostar por un ciudadano ejemplar e imparcial para el INE la pondría en la ruta de alguien responsable no sólo con su movimiento, sino también con la historia, al dar el primer paso para afianzar la normalidad democrática. Se busca, pues, un mexicano honesto; pero, sobre todo, una Presidenta dispuesta a permitirle hacer su trabajo.