Eran las 11:20 horas, en punto, del pasado lunes 7 de septiembre cuando solicité permiso para ingresar a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), mejor conocida como Torre de Especialidades del IMSS.
Llegué a la que consideré era la puerta principal de acceso, ubicada en el bulevar Revolución 2650 Oriente.
El motivo era hablar, o entrevistar a la directora de la institución, la doctora María Guadalupe Villa González.
Con voz amable, y tono serio, la oficial de la Guardia Nacional ahí asignada, consultó con un elemento de la corporación y segundos después me indicó que debía ir “a la vuelta”. Que buscara la puerta número 1.
Salí e hice lo indicado. A la vuelta era la puerta 2, en la calle Orquídeas, y tampoco pude entrar.
Otro elemento de la GN se disculpó, y me pidió que fuera, “a ver si ahí es”, a la caseta de la calle Citlaltépetl. Sí, ahí fue. Pero la funcionaria no me recibió.
Me reporté, en esa entrada, con una pareja de guardias de la fuerza nacional que, ciertamente, son atentos y respetuosos.
Me anoté en su hoja de registro de ingreso, puse mi nombre y mi número telefónico (espero no vaya a tener llamadas innecesarias), y me solicitaron mi credencial del INE. Eran las 11:30 horas.
El joven oficial me preguntó qué asunto quería tratar con la doctora Villa. Contesté que acerca del robo de medicamento controlado de la farmacia de la UMAE.
“Ya explotó la bomba”, expresó. Se metió a una pequeña cabina de al lado. Tranquilo, vi entrar y salir vehículos de lujo, varias camionetas conducidas que, por la vestimenta que alcancé apreciar, era personal médico.
En ese lapso, cuatro personas, con playeras que mostraban letras y logos de la Fiscalía federal, arribaron, se registraron y pasaron. A las 11: 42 me avisan que la directora no me recibiría, pero que se comunicaría conmigo una vez desocupada.
Es viernes 11 de septiembre, son las 15:00 horas, y la doctora María Guadalupe Villa González nunca me habló.
¿A qué iba yo? A que me informara sobre la sustracción de medicamento que, considerado “controlado”, ha dañado el patrimonio del IMSS (más de 12 millones 720 mil pesos) y, aún más, la atención y tratamientos de las y los pacientes con padecimientos crónico degenerativos.
Las irregularidades que les atribuyen a los presuntos responsables las catalogan de “Falta de Probidad y honradez y daño patrimonial al instituto”.
La falta la comprobaron tras una larga investigación documental, digital y (video) gráfica en el área de la farmacia.
La denuncia (tengo en mis manos las copias correspondientes) la formularon autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social local ante la Oficina Alterna de Servicios Jurídicos, ubicada en la Subdelegación en el bulevar Independencia 450 poniente, y es contra 17 empleados, mujeres y hombres: Rosalinda Paniagua García, Felipe Ismael Méndez Pérez, Claudia Alicia Ayala Olvera, Erick Fernando Castellanos Dorado, Albert Geovanni García García, Víctor Manuel García Torres, Hilda Verónica Yáñez Loya, Jacquelin Gómez Velasco, Miguel Ángel Hernández Castro, José Carlos Navarro Luévano, Gerson Eduardo Ramírez Alonso, Jair Alexis Sánchez Montelongo, Sandra Donaciana Aranda Robles, Sergio Talamantes Badillo, Elienay Vizcarra Aparicio, Alondra Corey Argumedo Flores y Yuridia Margarita Rea Sánchez.
Los más de 12 millones 722 mil pesos, es la cifra más alta que la institución ha sufrido como quebranto en varias ciudades del país en los últimos meses.
El personal de enfermería y sus auxiliares, más empleados de la farmacia, son los involucrados. Su vinculación se desprende de los documentos probatorios.
Se sostiene que elaboraban peticiones de medicinas controladas vía recetas colectivas (hasta 44) para quimioterapias, según cotejaron su registro en sus cuadernos de control, cambiaban claves del medicamento para no levantar sospechas, lo que fue parte de sus errores, sin tomar en cuenta que todo quedaba en las pantallas donde generaban esas solicitudes de Atezolizumab (1,200 mg), Ustekinumab (90 mg), Rituximan (500 mg), Daratumumab 400 mg), Denosumab (60 mg y 120 mg), Mesilato de Eribulina, Trastuzumab con Deruxtecan (100 mg), Pertuzumab (100 mg y 420 mg), y Pembrolizumab, en sus presentaciones de 60, 90, 100, 120, 130, 400, 420, 500, 1,200 1,130 miligramos.
Las sospechas, tanto por la petición colectiva de este medicamento como por su repentina escasez, se corroboraron en los Sistemas de Abasto Institucional Federal y el Informático del Centro Automatizado de Distribución de Insumos.
El robo de medicamentos en el IMSS le pega durísimo ya que afecta directamente el abasto de insumos médicos.
A nivel nacional, las autoridades han detectado redes internas de corrupción, así como asaltos y robos externos en clínicas periféricas.
Los medicamentos más codiciados en el mercado ilegal son los de alta especialidad (como tratamientos oncológicos, antirretrovirales para VIH y medicamentos para la diabetes) debido a su elevado valor comercial.
Se sabe que la Guardia Nacional implementó en Torreón la vigilancia y revisión a la entrada y salida del personal, tanto en sus vehículos como en bolsas, mochilas, recipientes, monederos y otras formas de cargar objetos.
Sin embargo, no se dan abasto, apenas abren las cajuelas y autorizan la entrada y salida, sin realmente revisar, supervisas y escudriñar en las unidades.
A lo que, como ahora, se suman las recetas falsas, apócrifas o alteradas, o la llamada “extracción hormiga” también se practica con la complicidad de quienes forman parte del personal de la institución, y quizá haya hasta externos que se presten a estos actos de corrupción.
En este contexto, la entrevista con la directora de la UMAE Torre de Especialidades 71 del IMSS no fue posible. Estuvo ocupada.