Ya en el calor político electoral en el estado, en el que las etapas formales del proceso tienen fechas y plazos, pero que en la realidad no se respetan, los partidos y sus (pre)candidaturas nomás no dan una. Sin excepción.
Declaraciones repetitivas, aburridas, los partidos y sus nominados quién sabe a qué posible militancia y electorado se dirigen.
La oposición no tiene otro tema que no sea la agenda del escenario nacional, que es en la que hacen hincapié y sienten que eso es suficiente y les dará votos.
Los de Morena y presuntos aliados están obsesionados en el funcionamiento e impacto de las redes sociales, y no les importa subir y difundir lo que sea.
Hay referencias, sí, a los problemas (graves) en Coahuila, especificados en cada región, ahí se quedan.
De hecho, la representación legislativa no se caracteriza por, de veras, desde su responsabilidad, estar a la altura de las circunstancias y hacer y cumplir su misión.
Como a nivel nacional, la asamblea chacotea, difiere, discute, aprueba. No pasa nada. La mayoría domina y sanseacabó.
Recordemos que la elección del domingo 7 de junio es para “renovar” el congreso local. ¿Se renovará con buena parte de las y los mismos actuales diputados (as)? Dada la experiencia, parece que no.
Que en el mismísimo congreso coahuilteca, como en el federal, los asuntos se “planchan” (palabra que se aplica a los arreglos que llegan, para bien y para mal), se atienden indicaciones del Ejecutivo, es uno solo, la palabra y el orfeón asienten la línea.
Hay discrepancia, y ya, la inercia continúa.
¿Qué dirán las y los candidatos del PRI sobre el pésimo, y cada peor, estado de las calles en Torreón? ¿Qué sobre la creciente crisis y desabasto de agua en colonias populares, clasemedieras y residenciales?
¿Qué sobre las serias carencias en el sistema estatal de salud? ¿Se preocupan por la salud física y mental de la población? ¿No habría que implementar una campaña pro mejores hábitos alimenticios?
¿Y de la asignación amiga de contratos para obras viales? ¿Y del aún oscuro proceso de licitación del contrato de recolección de residuos sólidos (basura)? ¿Y de la contaminación ambiental? ¿Y el histórico irresuelto e indigno transporte público? ¿Y el dinero del Metrobús? ¿Y qué saben y sienten del alto consumo de drogas sintéticas y mariguana entre la gente joven del municipio?
¿No están enterados (as)? ¿Qué harán en términos reales para sanar las corporaciones policíaca y de Vialidad que violentan los derechos humanos e imponen “su ley”?
¿Qué propuesta harán para que el personal del municipio no atraque y quite placas al por mayor en los automóviles desde la Javier Mina hasta la Múzquiz, y del bulevar Revolución al Independencia?
Y si es Torreón una ciudad ya segura, ¿por qué siguen “invirtiendo” millones y millones de pesos en armamento, equipamiento, cámaras, etcétera?
Un tema relevante, local y nacional, es el de las desapariciones forzadas.
Los medios, al menos los más conocidos en el país y en Coahuila, sí ventilan este problema. ¿Qué han hecho y propuesto en esta tragedia a nivel estatal en el congreso? Porque ni Coahuila ni Torreón están a salvo.
Según información* oficial recabada, son más de 130 mil personas las desaparecidas. Coahuila padeció una etapa de mayor inseguridad entre 2009 y 2016, que donde la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) requirió la activación del procedimiento, halló desapariciones cometidas por actores estatales, o por actores no estatales que actuaron con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado; patrones de desapariciones forzadas que detallan la colusión entre autoridades de los tres niveles, como las detenciones ilegales para entregarlas a grupos criminales o liberarlas y desaparecerlas.
FIDH documentó “prácticas sistemáticas” de desapariciones forzadas en Coahuila, siguiendo un patrón regular entre 2006 y 2016, es decir, durante los periodos de Humberto Moreira Valdez, Jorge Torres López y Rubén Moreira Valdez (PRI).
A las fuerzas policiales estatales se les vinculadas, entre 2009 y 2012, a haber secuestrado a las víctimas para entregarlas al cártel de los Zetas; y entre 2012 a 2016, las autoridades estatales llevaron a cabo directamente las desapariciones a través de sus fuerzas especiales como GATE, GATEM, Fuerza Élite y GROM. Se cree que a partir de 2007, en la entidad empezaron las desapariciones, y no ha bajado pues se encuentra entre 1,600 y 2,000, cifra que evidencia la realidad, pese a que la cultura de la denuncia es incipiente.
Coahuila, dicen reportes, enfrenta una grave crisis de desapariciones con más de 3,600 casos registrados, destacando el reciente hallazgo de indicios que confirmaron la identificación de 170 personas en la Laguna. Saltillo lideró la incidencia, con 38 (de 47) personas desaparecidas a fuerza en el primer semestre de 2025.
La problemática es persistente.
En lo que va del actual abril, se reportó la búsqueda de dos menores de edad en Saltillo, sobresaliendo el de Jennifer Sarahí Marín López.
La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC-FUNDEM), ha documentado más de 2,000 casos en la última década, con un repunte a desde el 2022, razón por la que los colectivos de familias mantienen la exigencia de búsqueda y localización en la región norte y Laguna de Coahuila.
Del total, estimado en 3,600, un 76 por ciento son hombres (2,742), y el 24 por ciento restante son mujeres (863 - 874). Más 384 casos de personas menores de 18 años al momento de su desaparición.
(*Con datos de instituciones, organismos civiles, medios impresos, portales)