El país se encuentra en un momento particularmente grave. La soberanía nacional suele invocarse en conmemoraciones cívicas y discursos oficiales como un recurso retórico, sin detenerse en lo que realmente implica ni en las amenazas concretas que hoy enfrenta. El crimen organizado disputa el monopolio de la violencia, erosiona la justicia y condiciona la vida ejerciendo soberanía en amplias zonas del país. Esa fragilidad interna también queda expuesta frente al exterior, particularmente ante un vecino agraviado por el narcotráfico. En este contexto ha iniciado el proceso electoral.
Además de esos riesgos, debe preocupar que el INE y el Tribunal Electoral atraviesen uno de sus momentos de menor estima ciudadana y que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se aparten de su función. La elección es el espacio de ciudadanos, partidos y candidatos; a las autoridades corresponde cumplir con su cometido.
En este contexto deben tomarse en serio las expresiones de las autoridades norteamericanas contenidas en la nota “Determinación Presidencial sobre los principales países de tránsito de drogas o los principales países productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2027”. El documento reconoce la colaboración y los avances conjuntos de México y Estados Unidos contra los cárteles, pero también exige mayores acciones, entre ellas procesar a funcionarios sospechosos de connivencia con el narcotráfico.
Corresponde a las instituciones mexicanas, antes que a nadie, actuar contra los criminales que operan y delinquen en el territorio nacional. Por lo mismo, la falta de acciones judiciales contra las redes criminales, incluida la evidente y selectiva protección oficial a algunos personajes, expone al país y da lugar a las exigencias de las autoridades estadunidenses respecto a funcionarios públicos. También obliga a actuar contra todo el sistema que sostiene al crimen, incluido su financiamiento, el lavado de dinero y las redes empresariales de apoyo.
Las autoridades deben concentrarse en ese cometido sin distracciones ni invasiones o evasiones de funciones. La contienda corresponde solo a partidos, candidatos y ciudadanos; a los órganos electorales, organizarla y conducirla con la ley en la mano. Cada quien en lo suyo.