M+.- Es preocupante que el Consejo General del INE debilite, con sus propias decisiones, la confianza que está obligado a garantizar. La certeza electoral exige rigor en cada etapa del proceso. Tres determinaciones recientes ilustran el problema.
La primera es la restricción a expresiones de dirigentes opositores, algunos de ellos legisladores, cuya función merece especial protección constitucional. Toda limitación al debate político exige una justificación sólida y criterios consistentes. La preocupación aumenta cuando coincide que también desde el gobierno y su partido se acusa a los adversarios de traición a la patria.
La segunda se refiere al tratamiento de las llamadas boletas “planchadas”. La ausencia de dobleces plantea una duda que exige esclarecer las condiciones en que se emitió y resguardó el voto. Dar espacio a su cómputo sin garantías suficientes compromete la certeza. Los antecedentes de violencia e intervención criminal en elecciones pasadas obligan a extremar precauciones. La custodia del material electoral no puede darse por garantizada.
La tercera fue prescindir del cotejo institucional para verificar que los aspirantes a observadores electorales no fueran personas impedidas por sus vínculos con la operación de programas sociales. El INE consideró suficiente una declaración bajo protesta de decir verdad. Sin embargo, una manifestación del interesado no sustituye la responsabilidad de verificar. La independencia de la observación electoral requiere controles, especialmente ante el riesgo de uso político de los programas sociales.
El Tribunal Electoral corrigió las dos últimas decisiones del INE. Es atendible reconocerlo, pero esas rectificaciones no bastan para despejar las dudas sobre su actuación. La confianza en un tribunal depende de la consistencia de sus resoluciones, sobre todo cuando están en juego las condiciones de la competencia. Acertar en unos asuntos no releva de responder por otros.
En ese terreno, preocupa la tolerancia hacia actividades que, bajo distintas denominaciones, anticipan las campañas electorales. El problema rebasa el incumplimiento del calendario: quien se adelanta obtiene exposición y ventajas que alteran la equidad. Además, se abre un espacio de incertidumbre sobre el origen, monto y destino de los recursos utilizados.
Ahí se encuentra uno de los mayores riesgos de los comicios: el dinero ilegal y, especialmente, el proveniente de actividades criminales. Cuando la promoción electoral se adelanta y los controles llegan después, la fiscalización pierde eficacia.
La certeza se construye antes de la jornada electoral. Exige libertad para debatir, garantías sobre cada voto y vigilancia efectiva del dinero. La responsabilidad del INE y del Tribunal es impedir que la ventaja política favorezca al partido gobernante a costa de la legalidad. Su credibilidad depende de hacerlo con el mismo rigor para todos. La confianza ciudadana se debilita cuando las autoridades electorales relajan los controles que deben garantizar la equidad de la contienda.