La factura del deterioro

Ciudad de México /
El gobierno busca corregir operaciones de comicios judiciales. Octavio Hoyos

Los acontecimientos se han precipitado con insospechada rapidez y atraviesan todos los ámbitos de la vida pública. El régimen impulsa una reforma constitucional para corregir los problemas operativos de la elección judicial, pero evade el fondo del asunto: resulta caprichosamente aberrante someter al voto popular cargos que deberían recaer en perfiles con capacidad técnica, profesionalismo e imparcialidad. El saldo es aún más grave, México enfrenta un evidente desgaste institucional en su sistema de justicia.

El frente económico también presenta desafíos crecientes. No solo por la rigidez del gasto público, marcado por el costo de obras improductivas heredadas del sexenio anterior y el peso de los programas sociales, sino por la falta de crecimiento. Parte de la incertidumbre responde al contexto internacional, pero otra proviene de decisiones internas que debilitan la certeza jurídica. Ningún anuncio basta para recuperar la confianza cuando las instituciones encargadas de garantizar el Estado de derecho muestran señales de deterioro.

“Lo que no hagan ustedes, nosotros lo haremos” no solo describe las expresiones pendencieras del vecino del norte. También reflejan la posición de las calificadoras internacionales de crédito sobre la fragilidad financiera. Sin embargo, la mayor preocupación está en el terreno político, judicial y el de la relación bilateral, donde persisten dudas sobre la capacidad del Estado para garantizar justicia y ejercer autoridad en regiones hoy dominadas por los carteles.

La solicitud de detención presentada por autoridades norteamericanas contra diez funcionarios y exfuncionarios, encabezados por un gobernador, carece de precedente. Por sus implicaciones políticas y diplomáticas, se trata de un episodio especialmente delicado.

A ello se suma la ofensiva contra la gobernadora de Chihuahua, cada vez más evidente en su intencionalidad política. El exceso y la inquina con que se ha tratado a la mandataria contrastan con la complacencia y protección dispensadas al gobernador imputado.

Gobernar nunca ha sido sencillo, menos aún en un entorno tan complejo. Por eso llama la atención la insistencia en decisiones que, lejos de aliviar el escenario, terminan ampliando divisiones y costos políticos innecesarios.


  • Liébano Sáenz
  • Abogado, administrador, funcionario público, columnista y analista político mexicano /Escribe todos los sábados su columna Paralaje.
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